Los riesgos de una campaña sucia: Diputados oficialistas buscan detener desinformación electoral

Como una maquinaria bien aceitada, la desinformación electoral opera con precisión industrial. No es casual ni espontánea, ya que detrás de cada video manipulado, cada gráfica alarmista o cada cadena de WhatsApp con datos falsos, hay una línea de producción cuidadosamente diseñada. Una verdadera fábrica de “fake news” que, en plena campaña presidencial, trabaja a toda marcha.

Considerando lo anterior, es que parlamentarios del oficialismo presentaron esta semana una denuncia ante la Fiscalía Nacional para que se investigue la difusión masiva de este tipo de noticias que buscan perjudicar a las candidaturas. En la presentación, piden que declaren la alcaldesa Evelyn Matthei y el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, a quienes vinculan con una operación de desinformación coordinada.

Todo esto a raíz de la polémica que se generó luego de que la abanderada de Chile Vamos acusara a Kast de una “campaña asquerosa” por editar sus declaraciones para hacerla parecer indecisa o incluso sugerir que padece Alzheimer. 

El diputado Diego Ibáñez (FA) señaló a Turno PM que la denuncia busca “que se investigue y se sancione a quienes están utilizando redes sociales y plataformas digitales para difundir discursos de odio, calumnias e injurias en el marco de una campaña electoral”. 

Todo comenzó en la Convención 

Aunque el tema recientemente cobró notoriedad por el conflicto entre Kast y Matthei, lo cierto es que en Chile ya lleva un tiempo operando la desinformación y un caso claro fue lo que sucedió en el proceso constituyente. 

En esa oportunidad, la entonces senadora Ena von Baer afirmó que la Convención Constitucional buscaba “cambiar la bandera, el himno nacional y el nombre del país”. Pese a que diversos actores desmintieron esa afirmación y la calificaron como una falsedad, sus palabras se viralizaron rápidamente. Ante las críticas, von Baer respondió que “a la izquierda le duele escuchar la verdad”. Este episodio se convirtió en uno de los múltiples ejemplos de desinformación que marcaron ese período.

Al respecto, la periodista Josefa Barraza, quien indagó sobre el uso de noticias falsas en el proceso constituyente, sostuvo a Turno PM  que en ese momento se instauró un “laboratorios de mentiras”. “Si ya ocurrió antes, ahora también puede estar ocurriendo y lo estamos conociendo porque son laboratorios que funcionan tan bien que nosotros nos enteramos casi tres años después”, recalcó. 

Barraza alude al caso de Rebaño Consultores donde un creador de fake news reveló que operó durante el Plebiscito de 2022 para esta empresa, produciendo contenidos calculados para desinformar y ridiculizar actores del proceso constituyente. El mismo informante mencionó a Contrapoder Chile la visita recurrente de dos diputados de derecha a sus oficinas, junto a la presencia de un funcionario de medios de Copesa encargado de una “base de datos absurda” usada para difundir este tipo de campañas por canales no tradicionales. 

Consultada sobre el modo en que operan estas cuentas, explicó que su funcionamiento es bastante claro: “Si un perfil difunde un contenido falso, otro lo replica, luego otro más, y así se apoyan entre sí. Porque así funcionan los bots, así actúan los trolls. Siempre buscan posicionar una mentira, y lo logran de tal manera que, al final, la gente termina creyéndola o al menos lo hace un sector importante”.

Profundizando en la temática, la académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y ex integrante de la Comisión contra la Desinformación, Patricia Peña, apuntó a que, pese a que las cuentas son programadas para difundir contenidos específicos,  “lo que se llama hoy fábricas o granjas de bots son operados por personas reales”, 

"Esto es un negocio. Son personas que, desde una agencia, gestionan estas granjas de bots, que funcionan con oficinas equipadas con numerosos teléfonos celulares. Cada uno de estos dispositivos simula distintos perfiles. Básicamente, se programa cada teléfono para que maneje dos o tres perfiles asociados, y estén constantemente emitiendo y distribuyendo información con fines específicos", detalló a Turno PM. 

Asimismo, reiteró que esta industria se mueve en distintos niveles. “Hay algunas veces que estos servicios se venden para generar, por ejemplo, crisis de alerta pública. Lo que hoy se conoce como el fenómeno de la desinformación electoral, es decir, la circulación de noticias manipuladas, con información errónea o directamente fabricada, que predisponga a las personas a pensar sobre un tema o sobre alguien, es también parte de esa industria”, aclaró Peña.

La marcha atrás de Matthei 

Para el diputado Diego Ibáñez, lo ocurrido con Matthei —al desistir de su demanda contra Kast— no es una buena señal. A su juicio, se perdió una oportunidad clave para avanzar judicialmente en el combate contra la desinformación. “Las razones pueden ser muchas, pero creemos que existieron presiones políticas para no avanzar. En ese sentido, más que marcar un precedente, lo que ocurrió fue una oportunidad perdida”, indicó. 

El parlamentario acusa falta de voluntad política en algunos sectores para enfrentar el problema. “La derecha ha sido complaciente con este fenómeno. En muchos casos, incluso, lo ha utilizado como estrategia”, remarcó. 

Además, lamentó la ausencia de una respuesta institucional efectiva ante estas situaciones, advirtiendo que “en muchos casos prefieren mirar para otro lado o incluso sacar provecho de esta desinformación. No ha existido la seriedad ni el compromiso democrático necesarios para enfrentar el problema de fondo”.

Sin embargo, precisa que el fenómeno de las noticias falsas trasciende los colores políticos. “Las fake news dañan la democracia, distorsionan el debate público y erosionan la confianza de la ciudadanía. Lo que estamos enfrentando no es un problema de quién miente más, sino de cómo se combate una práctica que está siendo utilizada como herramienta electoral y política en distintos sectores. En eso, la vara debe ser la misma para todos, sin importar de dónde vengan”, concluyó.

El debate alrededor de la desinformación y sus efectos en la opinión electoral abre la puerta a una pregunta: ¿Quién debe regular este tema y por qué? Basándose en su experiencia en la Comisión contra la Desinformación, Patricia Peña señaló a Turno PM que "esta conversación ya no es tanto sobre tecnología, sino que se trata de un acuerdo político. Es necesario establecer las bases de una campaña electoral, definir claramente las reglas de juego para que sea más honesta y limpia. Porque lo que estamos viendo afuera es que todo esto termina afectando la confianza de las personas y, además, satura a la gente”. 

En ese sentido, la académica argumentó que “sin duda, Servel necesita contar con más competencias para poder resolver esta controversia y abordar este debate de manera efectiva, involucrando a todos los actores pertinentes”. Según ella, la regulación no debe centrarse en el contenido, sino en el servicio que presta la distribución de información. "Es decir, entender que si vamos a tener un proceso electoral en el que estamos viendo estas anomalías o desinformación, el enfoque debe ser en cómo regular el servicio que permite su circulación", explicó. 

La experta también enfatizó la necesidad de que Chile articule una mesa de trabajo con las empresas tecnológicas, particularmente con las dueñas de las plataformas de redes sociales donde circula la información.

"Meta, hoy en día, ofrece acceso a una biblioteca de anuncios donde, especialmente durante las campañas electorales, puedo ver cuánto dinero ha invertido un partido político en publicidad en sus plataformas. Sin embargo, el problema es que no tenemos control sobre la regulación de estas situaciones cuando el contenido es distribuido a través de perfiles de personas comunes o cuentas automatizadas, como los bots. Este vacío aún no ha sido resuelto.", comentó Peña.