Proyecto que elimina el CAE supera la primera barrera y ahora comienza la batalla en el Senado

Es sin duda una de las grandes victorias del gobierno. Faltaban poco minutos para las dos de la tarde cuando en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados de este miércoles, el presidente  de la corporación José Miguel Castro (RN) anunció el resultado: 80 votos a favor, 51 en contra y 6 abstenciones. De esta manera, la Cámara Baja aprobó el proyecto de fin al CAE y lo despachó al Senado, una demanda histórica del movimiento estudiantil universitario. 

En el hemiciclo, el ahora ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el titular de Educación, Nicolas Cataldo, celebraron con discreción. Además, en su cuenta de X, el presidente Gabriel Boric manifestó su satisfacción por la creación del FES y lo calificó como “un sistema más justo para la educación superior”. 

Con la aprobación en general del proyecto que pone fin al Crédito con Aval del Estado, el gobierno alcanzaba un hito largamente esperado. La promesa de reemplazar la lógica del endeudamiento por un nuevo sistema público de financiamiento universitario —el FES— deja de ser un enunciado de campaña para convertirse en una realidad legislativa, al menos en su primer tramo.

La oposición muestra sus reparos 

La felicidad en el oficialismo contrastó con la molestia en la oposición, que en bloque votó en contra. Los discursos se repitieron: advertencias sobre la amenaza a la autonomía universitaria, críticas a la creación de lo que describieron como “un impuesto encubierto” a los titulados y dudas sobre la viabilidad financiera de un sistema que, según sus detractores, trasladará la carga al Estado sin resolver el fondo del problema.

Al respecto, el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke calificó, en sus redes sociales, la iniciativa como “una muy mala idea” y advirtió que “no tiene apoyo de la comunidad educativa y ninguna posibilidad de ser aprobada en el Senado”. 

Consultado por los cuestionamientos al proyecto, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, señaló a Turno PM que “siempre hay críticas y las reformas de la Educación Superior son complejas, levantan distintas perspectivas”. Sin embargo, precisó que desde el Ejecutivo realizaron todos los esfuerzos para escuchar a los distintos actores involucrados. 

Además, la autoridad descartó que las universidades se vean afectadas por la reforma, precisando que “establecer un sistema de regulación, no es disminuir los ingresos del sistema de Educación Superior, sino más bien redistribuirlos en virtud de los costos, la calidad y la complejidad de las instituciones”. 

Orellana también fue enfático en señalar que no sería un impuesto a las graduados: “Primero, porque es opcional, es optativo. No estás obligado a tomarlo. Puedes pagar tu carrera si así lo deseas. Segundo, existe una proporcionalidad en relación con una prestación, tú retribuyes no para siempre, sino en virtud de los años que estudiaste”. 

De esta manera, el mecanismo busca diferenciarse claramente tanto de un crédito bancario como de un impuesto. Se trata de un instrumento que reconoce la inversión en educación como un derecho y no como una carga financiera. La idea, explicó Orellana, es que el financiamiento acompañe a las personas en su etapa de formación, pero no las condene a una deuda de largo plazo que limite sus proyectos de vida, ya sea acceder a una vivienda, emprender o continuar estudios. “Lo que queremos es que la educación deje de ser un factor de endeudamiento y se convierta en una herramienta de movilidad y de justicia social”, dijo. 

“Lo que ocurre es que es una herramienta innovadora. ¿Qué significa esto? Que no podemos analizarla con las categorías del pasado. No es un crédito bancario, no es un crédito, pero tampoco es un impuesto. Es un instrumento de financiamiento de educación superior”, añadió. 

Al igual que Orellana, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Catalina Lufin, rechazó las críticas a la reforma. “Yo creo que es complejo abordar el tema de la autonomía universitaria, porque si una institución privada quiere recibir recursos públicos, sí debe cumplir con ciertos estándares mínimos. Este proyecto todavía establece poco, pero es un antecedente frente a una cuestión que estaba desregulada”, sostuvo.

Lufin enfatizó que los estudiantes respaldan la medida y que no corresponde afirmar lo contrario. “No da para decir que no cuenta con apoyo universitario, porque también los estudiantes lo identifican como una demanda propia. La CONFECH le dio su apoyo al proyecto en tanto lo veía como un primer paso hacia un nuevo modelo de financiamiento. Es una concepción errada tenerle miedo a altos estándares para las instituciones privadas”, recalcó.

En esa misma línea, el rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), Osvaldo Corrales, subrayó en conversación con Turno PM que “el sistema educacional chileno ya es un sistema segregado. Cuando uno observa la educación básica y media, hoy existen colegios para ricos y colegios para pobres. Eso es algo que hemos problematizado, porque lo más importante en un sistema educativo es que sea integrado”.

Añadió además que “discrepo de las interpretaciones que plantean que el FES generará ese efecto. Lo mismo se dijo en su momento respecto de la gratuidad”.

Los detalles del proyecto 

El FES permitirá estudiar sin pagar arancel ni matrícula durante la carrera, en instituciones que se adhieran voluntariamente. En planteles con gratuidad cubrirá desde el séptimo decil y en los no adscritos beneficiará a todos.

El pago será contingente al ingreso, con exención bajo $500.000 y un tope del 8% del sueldo. El plazo máximo será de hasta 20 años, dependiendo de la duración de la carrera.

El sistema incorpora flexibilidad: se podrá financiar 50%, 75% o 100% del arancel. También se fijó un límite, al pagar 3,5 veces el arancel regulado y cumplir 90% del plazo, la deuda quedará extinguida.

Asimismo, se abre la opción de traspasar deudas del CAE y otros fondos al FES. Junto con ello, se contempla un plan de condonación que ajustará pagos según ingreso y aliviará a quienes hoy están morosos.

Consultado por su parecer de este nuevo sistema, el ex ministro de Educación Sergio Bitar, quien logró establecer la ley que introdujo el Crédito con Aval del Estado en 2005, dijo a Turno PM: “Es un paso indispensable. Es una ley que tiene 20 años y, por lo tanto, la experiencia ha mostrado la necesidad de corregir algunos de sus defectos, fortalecer otros beneficios que concedió en su tiempo”.

Recalcando su importancia, el subsecretario Víctor Orellana reiteró que “el fin del CAE es una expectativa transversal en la sociedad. La gente en esto no se confunde: no tiene que ver con colores políticos. La educación superior fue el gran legado que nos pudieron dejar nuestros padres, que no tenían fortuna y se sacrificaron para que nosotros pudiéramos estudiar. Eso generó una generación de endeudados y endeudadas. Salir de la deuda bancaria es un interés nacional, es un interés de nuestra gente”.

Lo que viene 

Esta pequeña victoria del gobierno, sin embargo, aún debe sortear su mayor obstáculo: el Senado. Con una mayoría opositora, el debate ya se proyecta como más complejo que en la Cámara de Diputados, por lo que las negociaciones al interior jugarán un rol clave.

A cargo de la revisión de la iniciativa estarán los senadores Yasna Provoste (DC), Felipe Kast (Evópoli), Gustavo Sanhueza (UDI), Fidel Espinoza (PS) y Juan Castro (Independiente-PSC), quienes son los miembros de la Comisión de Educación.

El mayor miedo del gobierno, y de varios expertos, es que el proyecto no logre un acuerdo dentro del mandato de Gabriel Boric. El mismo ministro de Educación, Nicolás Cataldo, admitió en Radio ADN que será “una de las cosas más complejas que nos va a tocar en lo que queda de gobierno”.

Para el Ejecutivo, la discusión en el Senado no debería extenderse más allá de este período legislativo. Así lo planteó el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, quien sostuvo: “Mientras antes resolvamos esto mejor”.

La convicción dentro de La Moneda, explicó, descansa en varios factores: la mayoría obtenida en la Cámara de Diputados, la solvencia técnica del diseño, las garantías de Hacienda sobre la fortaleza fiscal, y las proyecciones de estudios —propios e independientes— que muestran que el nuevo sistema es mucho más favorable para los estudiantes que el CAE.

Por su parte, el rector Osvaldo Corrales aseguró que “lo mejor para el país sería que el proyecto se zanjara durante este período legislativo”, argumentado que, de lo contrario, “el próximo gobierno va a tener que hacerse cargo de los problemas de sostenibilidad que hoy día tiene el Crédito con Aval del Estado”.

“Estamos en una situación de restricción fiscal muy importante, hay recursos ingentes que están siendo distraídos para sostener, entre otros, la morosidad que tiene el CAE. Alguien podría decir, como escuché: ‘Bueno, que haya mayor presión sobre el cobro’, pero el problema es que hay muchas familias que simplemente no están en condiciones de pagar”, agregó el académico.

Asimismo, el ex secretario de Estado, Sergio Bitar coincide con el análisis de Corrales, apuntando a que “sería bueno resolver esto en el Senado antes de marzo del año próximo. Eso supone agilidad de los senadores, pero también supone flexibilidad del gobierno”.

Según su perspectiva, el principal punto de negociación será en torno a los límites del copago. “Creo yo, es el foco que debiera tomarse por parte del gobierno para facilitar acuerdos, y también por parte de la oposición buscar salidas que permitan que el problema se resuelva ahora y no se postergue después. Esto ya lleva mucho tiempo acumulándose y, mientras más se acumula, es peor”, detalló.