Retrocede la libertad de Milei: Senado argentino rechaza vetos a la emergencia pediátrica y reajustes universitarios

Una nueva derrota anotó el pasado jueves el gobierno de Javier Milei, luego de que el Senado rechazara los vetos presidenciales a dos leyes clave: la que declara la emergencia pediátrica y la que blinda el presupuesto de las universidades públicas. Con esta deliberación, ambas normas recuperan vigencia y se espera conocer los próximos pasos del Ejecutivo, que días atrás ya había demorado la transferencia de fondos en el articulado sobre discapacidad.

Según consignó Infobae, los dos vetos se discutieron en conjunto, aunque se definieron por separado. La emergencia pediátrica fue aprobada con 59 votos a favor, siete en contra y tres abstenciones de los parlamentarios Alfredo De Ángeli, Martín Goerling y Victoria Huala. En paralelo, la norma universitaria reunió 58 votos positivos, siete rechazos y cuatro abstenciones, entre ellas la de Carolina Losada. En ambos casos se alcanzaron los dos tercios requeridos.

De esta manera, el revés en la Cámara Alta fue lapidario para Milei por lo que el Ejecutivo deberá promulgar las dos normas que intentó bajar. En tanto, durante la votación estudiantes y docentes, junto a médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud y la educación, celebraron la derrota del Gobierno en las inmediaciones del Congreso, en pleno centro porteño.

Lo que se jugó en el parlamento

La ley de emergencia pediátrica estipula la asignación inmediata de recursos para insumos, medicamentos, vacunas, infraestructura y personal esencial. También establece la recomposición salarial de los trabajadores de salud, incluyendo residentes, con un piso equivalente al nivel real de noviembre de 2023. Asimismo, exime del pago de ganancias a quienes cumplan funciones críticas en hospitales.

La norma declara al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal estimado entre julio y diciembre asciende a $65.573 millones. Este punto fue objeto de debate, al considerar el alcance económico de la medida.

En cuanto a universidades públicas, la ley dispone una actualización de los gastos de funcionamiento al 1 de enero de 2025, ajustada al Índice de Precios al Consumidor del INDEC, con incrementos bimestrales durante 2024. Además, el Ejecutivo deberá actualizar los salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, con porcentajes al menos iguales a la inflación.

La norma también obliga a convocar a paritarias cada tres meses como máximo, asegurando en todos los tramos incrementos no inferiores a la inflación publicada. Este artículo fue cuestionado en sesiones previas, aunque esta vez obtuvo respaldo mayoritario en el recinto.

Debate en el Senado

En el debate, Lucía Corpacci, presidenta de la comisión de Salud, afirmó que no se puede “mirar para otro lado cuando la sociedad nos indica diariamente qué es lo que está pasando con la atención pediátrica”. Su par Eduardo De Pedro, al frente de la comisión de Educación, también defendió la insistencia parlamentaria.

Desde el oficialismo opositor, Guillermo Andrada sostuvo que “el Presidente no entiende que el pueblo argentino, ante ciertas conquistas, como las universidades, no se va a rendir y el Congreso lo va a acompañar”. En la misma línea, Pablo Bensusán afirmó que la discusión no fue “técnica, fiscal o contable”, sino “un debate político y moral”.

Guadalupe Tagliaferri criticó al Ejecutivo por “romper todos los puentes habidos y por haber” y sentenció que “echaron a los propios que osaban pensar algo distinto”. En su intervención pidió al Gobierno “dejar de ser necios y empezar a registrar que en la micro vive la gente”.

Desde la Unión Cívica Radical (UCR), Pablo Blanco señaló que “la obligación del Gobierno, si bien todos defendemos el equilibrio fiscal, es que haya también equilibrio social”. Maximiliano Abad agregó que “ninguna política pública tiene sentido si no le damos prioridad a la educación”.

Fernando Salino, de Convicción Federal, advirtió que, si el Ejecutivo no cumple con la ley, “estará cometiendo un delito e incumpliendo los deberes de funcionario público”. En tanto, Carlos Espínola enfatizó que “está en juego la vida de muchos niños”, recordando que solo en Corrientes el Garrahan atendió a más de 5.000 pacientes en 2024.

Eduardo Vischi acusó al Gobierno de mantener un “récord de insensibilidad” y de priorizar “las matemáticas” por sobre las necesidades sociales. Juliana di Tullio, por su parte, comparó la actual gestión con la de Alberto Fujimori, lo que fue respaldado por José Mayans al afirmar que Milei “quiere un Estado sin responsabilidades”.

Ezequiel Atauche, de La Libertad Avanza, cerró la discusión con fuertes críticas a la oposición, acusándola de “utilizar a niños para hacer política” y cuestionando la gestión presupuestaria de la Universidad de Buenos Aires. También denunció supuestas triangulaciones en contrataciones directas y recordó los malos tratos que, a su juicio, recibieron radicales y macristas en gestiones anteriores.

Con este resultado, el Senado le dio al Gobierno una de sus derrotas más significativas, reponiendo la vigencia de las leyes de emergencia pediátrica y de universidades públicas, que ahora deberán ser ejecutadas por el Ejecutivo bajo estricto mandato legal.

Cabe mencionar que antes de que Milei llegara a la Casa Rosada, habían pasado 22 años sin que el Congreso argentino rechazara un veto presidencial: el último fue en 2003, durante la gestión interina del peronista Eduardo Duhalde. 

Con la decisión del Senado de este jueves, el mandatario ultraliberal acumula tres vetos desestimados en apenas un mes. El primero ocurrió a inicios de septiembre, cuando el Parlamento insistió en promulgar la ley que declara la emergencia del sistema de atención a personas con discapacidades. Pese al tiempo transcurrido, el Gobierno aún se niega a implementarla.