Tras fallido acuerdo para evitar desalojo en megatoma de San Antonio: Gobernador Mundaca teme una “grave crisis humanitaria”
Tras el fracaso de las negociaciones entre el gobierno y los propietarios del terreno en el cerro Centinela, se reactivó la orden que podría dejar sin hogar a más de 4.100 familias. La autoridad regional acusó centralismo e “incapacidad institucional”.
Este miércoles el gobierno, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que encabeza el ministro Carlos Montes, fracasó en su intento por evitar el desalojo de la megatoma de San Antonio en el cerro Centinela.
Luego de seis meses de negociaciones, se quebró la mesa que buscaba destrabar el conflicto y que, entre otros, integraban representantes del ministerio y de los propietarios del terreno en cuestión, Esteban Solari y Ricardo Posada.
Las tratativas buscaban acordar un precio de venta para los 10.251 pobladores que habitan las 260 hectáreas del terreno ubicado en la Región de Valparaíso. La apuesta del gobierno era convencer a los propietarios de vender el paño a los habitantes agrupados en un sistema de cooperativas, una fórmula clave que el Ejecutivo propuso replicar como política pública para abordar los campamentos.
Pero tras 17 reuniones y prórrogas, el gobierno no consiguió un acuerdo sobre el precio de venta del extenso paño donde habitan 4.136 familias. La mesa negociadora terminó este miércoles tras la reunión que sostuvieron ambas partes en las oficinas del Minvu en calle Serrano. La propuesta de los propietarios fue vender el metro cuadrado a 0,4 UF con garantía expresa de BancoEstado.
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Desde La Moneda emplazaron públicamente al ejecutivo a pronunciarse sobre las acusaciones expuestas en el reportaje.
Conflictos con la negociación
El gobierno planteó que la tarifa propuesta por los dueños, es una que los habitantes de la toma no podrían pagar y que el banco tampoco avalaría la operación en esas condiciones. La propuesta final presentada por el Ejecutivo fue de 0,21 UF por metro cuadrado, la cual no fue aceptada. En ese marco, los representantes de los propietarios informaron que la negociación llegaba a su fin, reabriendo el escenario del desalojo.
Dicha orden de desalojo había sido emitida por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y se encontraba en pausa desde febrero. Los representantes de los propietarios informaron que en los próximos días se enviará el cúmplase definitivo de la orden judicial. A través de un comunicado, los dueños argumentaron su postura frente al quiebre de las conversaciones con el Ejecutivo.
“Como inmobiliaria hemos reducido el precio del metro cuadrado en varias ocasiones, accediendo finalmente al valor propuesto por el Minvu, que está muy por debajo del valor comercial. Esto, con el objeto de alcanzar un acuerdo, pero no hemos tenido respuesta a las demás variables, que son consustanciales a una venta de terreno”, señalaron los dueños en el escrito.
En el mismo documento sumaron: “Lamentamos, una vez más, el abandono estatal, ya que llevamos seis años intentando por diversos medios recuperar nuestro terreno, o en su defecto, llegar a un acuerdo que nos permita recuperar en parte nuestro patrimonio usurpado”.
Según consignó hoy La Tercera, desde el el Minvu, la encargada de negociaciones, Gloria Maira, también se refirió al fin del diálogo con los privados, asegurando lamentar “la intransigencia de los representantes de los propietarios, quienes mantuvieron precios inalcanzables y abordaron la operación como una compraventa común, sin considerar el contexto de un megacampamento de 215 hectáreas y con familias pertenecientes al 40% más vulnerable de la población. Esperamos que los propietarios se abran a seguir conversando”.
Asimismo, el coordinador de la Oficina de Gestión Habitacional de San Antonio, Marcel Alfonsi, indicó al mismo medio que “la municipalidad apoyará a la comunidad dentro de sus posibilidades, pero no tiene la capacidad de albergar a las 4.000 familias que habitan el cerro, una situación crítica que ya hemos comunicado a los tribunales y que pone en evidencia la magnitud del desafío humanitario que se avecina”.
El quiebre de la mesa abre un complejo escenario para el Ejecutivo, pues ahora corresponde que el Ministerio del Interior cumpla el fallo judicial e inicie el proceso de desalojo de las familias. El diputado Tomás Lagomarsino (ind.-radical) lamentó “que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no haya llegado a acuerdo” y llamó a que “se tiene que hacer cargo el actual Ejecutivo”.
El foco estará puesto en las gestiones que deberá ejecutar la cartera de Interior, encabezada por el ministro Álvaro Elizalde, para activar el protocolo para el desalojo.
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Mundaca advierte inminente crisis humanitaria
Consultado por Turno PM, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, planteó su preocupación por las consecuencias del eventual desalojo, señalando que “estamos hablando de 4.136 hogares, 10.251 personas, de las cuales 3.146 son niños, niñas y adolescentes, 923 adultos mayores y más de 649 personas que presentan un grado de discapacidad”, y destacando que “el 65% de esta población pertenece al 40% más vulnerable”.
El gobernador advirtió que el quiebre del acuerdo es reflejo de una “falta de capacidad institucional para resolver una crisis habitacional de gran magnitud”. Aseguró que, pese a que se involucraron ministerios, municipio, propietarios y comunidad, “el mecanismo implementado no logró destrabar el conflicto ni conciliar las posturas que se manifestaron”.
Según la autoridad regional, la consecuencia inmediata es incierta: “Hoy día estamos ante una situación en la cual la incapacidad institucional, la falta de acuerdo, pone en discusión qué va a pasar con esas 10.000 personas, que son más de 4.000 familias”. Esto, teniendo en cuenta que según recordó la propia autoridad, Valparaíso es la región con mayor déficit estructural en materia de vivienda.
El gobernador también se refirió al rol de los propietarios, destacando que “tuvieron la conducta, se sentaron durante seis meses, en 17 mesas de negociación, para poder allanar un acuerdo que fuera satisfactorio para las partes”. A pesar de ello, reconoció que “esto no se ha logrado” y emplazó directamente al Ejecutivo: “lo que pediría y exigiría es que el gobierno y las instituciones estén a la altura de las circunstancias”.
Mundaca advirtió sobre las consecuencias de un eventual operativo, asegurando que estar a la altura de las circunstancias significa, a su parecer, “agotar todas las instancias para no tener que enfrentar un desalojo que sería de gran magnitud, que duraría muchos meses”.
En esa línea, planteó que es indispensable un cambio de mirada en la política habitacional. “Para nosotros es fundamental hoy día que en la discusión pública se incorpore el concepto de vivienda como un derecho”, señaló. Asimismo, instó a implementar “bancos integrados de suelos para poder precisamente edificar viviendas donde se puede edificar”, como una manera de evitar que crisis de esta magnitud vuelvan a repetirse.
Finalmente, el gobernador cuestionó que se le desplazara a él y a la gobernación regional en la toma de decisiones en torno a esta situación: “Cuando situaciones de esta naturaleza se digitan desde Santiago, sin la opinión de las regiones, sin la opinión tampoco del gobierno regional de Valparaíso, nosotros hemos estado ausentes de esta discusión”, afirmó.