EE.UU. publica cuestionado informe sobre Derechos Humanos que omite y minimiza abusos cometidos por países aliados
El Departamento de Estado publicó una versión “resumida” de su informe 2024, elaborada mayoritariamente antes del nuevo gobierno y luego revisada. Reduce alcance, minimiza datos y selecciona casos ilustrativos; se suprimieron secciones habituales y el secretario Marco Rubio no incluyó introducción.
El Departamento de Estado de EE.UU. publicó una versión reducida de su informe anual sobre derechos humanos, que abarca 2024, antes de que Trump asumiera su segundo mandato. Fuentes citadas por CNN indicaron que fue elaborado en gran parte antes del nuevo Gobierno, aunque recibió revisiones significativas en los meses posteriores. El documento recorta alcance y prioriza síntesis respecto de ediciones previas.
Hubo cambios notables frente al informe anterior de abril de 2024 (sobre 2023). En países como El Salvador, aliados políticos del Gobierno de Trump, se redujeron críticas y detalles. En Alemania, Francia y el Reino Unido se reporta deterioro en 2024, destacando “informes creíbles de graves restricciones a la libertad de expresión”, en línea con cuestionamientos a retrocesos en esa materia.
Consultada por la percepción de suavizar reportes para países cercanos, la portavoz de Estados Unidos en la ONU, Tammy Bruce, afirmó: “Obviamente, el presidente Trump ha trabajado con muchos países” y sostuvo que los informes deben verse “como una muestra de nuestro punto de vista general, sin señalar a ningún país para condena o elogio”.
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A diferencia de años anteriores, el secretario de Estado Marco Rubio no presentó introducción escrita ni comentarios. El documento fue despojado de secciones antes habituales: abusos por orientación sexual, violencia contra la mujer, corrupción gubernamental, violencia racial o étnica sistémica o negación de un juicio público justo. Algunos reportes, como el de Afganistán, sí abordan abusos contra mujeres.
Michael Honigstein, ex director de Asuntos Africanos en la Oficina de Derechos Humanos, Democracia y Trabajo del Departamento de Estado, aseguró que la solicitud de la Casa Blanca fue “reducir los informes de derechos humanos al mínimo requerido por ley”. Él y su oficina ayudaron a compilar los informes iniciales que luego fueron revisados.
El propio informe reconoce ajustes: “los reportes fueron simplificados para mayor utilidad y accesibilidad en el terreno y para los socios, y para responder al mandato legislativo subyacente y alinearse con los decretos del Gobierno”. El apéndice añade: “Minimizamos la cantidad de datos estadísticos en el informe. En la era de internet, los datos subyacentes están generalmente disponibles”.
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También precisa: “Con el fin de enfocar y simplificar, los informes seleccionan ejemplos ilustrativos de presuntos abusos y, en la mayoría de los casos, solo dan seguimiento a denuncias de alto perfil no resueltas de años anteriores”. Un alto funcionario aseguró a CNN que “la política de Estados Unidos para promover el respeto a los derechos humanos en el mundo, o en cualquier país, no ha cambiado”.
La publicación ocurre tras cambios en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, cuyos equipos preparan los informes exigidos por el Congreso. Muchos empleados fueron despedidos el mes pasado y el enfoque de la oficina se desplazó a “avanzar la visión afirmativa del Gobierno sobre los valores estadounidenses y occidentales”.
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Aliados y enemigos
Respecto a años anteriores, el último documento publicado es mucho más amigable con los aliados políticos de la administración Trump reduciendo u omitiendo abusos en países como El Salvador, cuyo rerpote es mucho más breve. Afirma que “no hubo informes creíbles de violaciones significativas de derechos humanos” en 2024, aunque menciona “varios informes de que el Gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales durante el año” y que algunos sospechosos arrestados por presunta afiliación a pandillas “murieron en prisión antes de ser condenados o cumplir sus sentencias”.
El informe anterior —cuatro veces más extenso— describía “violaciones significativas de derechos humanos”. Estas incluían “informes creíbles de: homicidios ilegales o arbitrarios; desaparición forzada; tortura o castigo cruel, inhumano o degradante por parte de fuerzas de seguridad; condiciones carcelarias severas y que ponían en peligro la vida; arresto o detención arbitraria; problemas graves con la independencia del poder judicial; injerencia arbitraria o ilegal en la privacidad; violencia de género generalizada, incluyendo violencia doméstica y sexual y feminicidio; barreras sustanciales para el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva; trata de personas, incluyendo trabajo forzado; y crímenes que implican violencia dirigida contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales”. Sobre el cambio, la vocera de EE.UU. en la ONU dijo que no comentaría “país por país” y remitió al propio informe.
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En tanto, el informe sobre Israel documenta menos abusos de los reportados por entidades internacionales u otros países occidentales, omitiendo referencias a los “significativos problemas de derechos humanos” señalados por el mismo informe en 2023. No hay referencia a denuncias de tortura de detenidos palestinos, aunque se indica que la Agencia de Seguridad de Israel y la policía “usaron métodos violentos de interrogatorio”. Respecto crímenes de guerra y genocidio, el reporte afirma que los únicos responsables son “las organizaciones terroristas Hamás y Hizbulá continuaron la práctica de poner a los civiles israelíes en su punto de mira de manera indiscriminada, en violación de la legislación sobre conflictos armados”.
El informe sobre Afganistán es más breve, pero describe “problemas significativos de derechos humanos” y “un amplio desprecio por el estado de derecho y la impunidad oficial para quienes cometieron abusos contra los derechos humanos”. Señala un “deterioro significativo en el respeto a los derechos de las mujeres” por decretos que “prácticamente las excluyeron de los espacios públicos”.
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En Rusia, el informe —más corto que el anterior— menciona la muerte de Alexey Navalny en una prisión “conocida por sus duras condiciones y presunta tortura”, además de abusos como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. “Las fuerzas y funcionarios de Rusia cometieron crímenes de lesa humanidad, incluyendo —pero no limitado a— deportar a miles de civiles a Rusia, incluidos niños. El Gobierno operaba un extenso sistema de operaciones de filtración y detención que a veces incluía el uso de trabajo forzado”.
En China, el informe más reciente es muy similar al previo: señala genocidio y crímenes de lesa humanidad contra uigures y otras minorías en Xinjiang. Concluye que el Gobierno de China “no tomó medidas creíbles ni acciones para identificar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos” en 2024, reflejando las conclusiones del año anterior.
Desde el Departamento de Estado argumentaron que este reporte “resumido” se ajusta mejor a las obligaciones de la legislación estadounidense, que le exige emitir cada año varios reportes sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
Sus críticos, no obstante, han sostenido que los cambios rebajan el escrutinio sobre los regímenes autoritarios. Entre sus reparos, apuntan que los capítulos por país ahora citan un solo ejemplo del abuso denunciado, pese a que existan múltiples casos de vulneraciones a los Derechos Humanos.