5 claves para entender el fallo que declaró culpable de soborno al ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe
La condena contra el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal no es solo el clímax de una saga judicial de más de una década; sino que también una verdadera bomba para la política colombiana.
Este lunes, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) fue declarado culpable del delito de soborno en actuación penal, uno de los tres cargos que enfrenta en el juicio por presunta manipulación de testigos.
El caso significó un precedente, al ser el primer ex presidente en la historia moderna del país latino en ser declarado culpable de los cargos que se le imputan.
Para comprender la magnitud de este fallo y sus profundas implicaciones, te dejamos 5 puntos clave:
El fallo
De acuerdo con medios como Forbes Colombia, la Justicia determinó que Uribe, mediante su abogado Diego Cadena, intentó influir en testimonios de exparamilitares para obtener beneficios judiciales.
El veredicto fue entregado por la jueza 44 penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, desde el complejo judicial de Paloquemao, en un caso que comenzó hace 13 años.
“El primer soborno en actuación penal en cuanto a la materialidad de la conducta punible ha quedado acreditado”, indicó la jueza, al referirse a las gestiones del abogado Cadena con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve —recluido en una cárcel de Bogotá—, para que no declarara sobre supuestos nexos de Uribe con grupos paramilitares.
Heredia añadió que, en el caso de Monsalve, se desplegó una campaña destinada a que faltara la verdad ante la Corte Suprema de Justicia y “desmintiera lo dicho” anteriormente sobre los presuntos vínculos del ex presidente y su hermano Santiago con el paramilitarismo.
“Pero adicionalmente debía argumentar que lo allí expresado era producto de la actividad malintencionada del senador Iván Cepeda Castro, quien había obtenido ese coloquio bajo promesas de beneficios carcelarios”, precisó la magistrada.
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El inicio de la trama
El origen del caso se remonta a 2012, cuando Uribe presentó una denuncia ante la Corte Suprema contra el senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. En ese entonces, Cepeda preparaba una acusación parlamentaria contra el exmandatario por supuestos nexos con grupos armados ilegales.
No obstante, el magistrado José Luis Barceló descartó investigar a Cepeda y, en cambio, inició un proceso contra Uribe por intentar modificar testimonios de exparamilitares que lo incriminarían.
Después de su presidencia, Uribe fue elegido senador en 2014 y reelecto en 2018, pero renunció a su escaño en 2020 para que su causa pasara a la justicia ordinaria. Aunque la Fiscalía no encontró pruebas al inicio, en 2024 presentó una acusación formal tras varias apelaciones.
La jueza informó su decisión luego de analizar miles de folios y escuchar a las partes durante 67 jornadas de audiencia celebradas en los últimos cinco meses.
El rol del principal testigo
Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso, integró el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y es hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe.
En su testimonio ante la Corte Suprema —en el contexto de la disputa entre Uribe y Cepeda—, aseguró que el Bloque Metro se fundó en esa finca entre 1996 y 1997, con participación de varias personas, incluyendo a los hermanos Uribe Vélez.
Según Monsalve, en ese lugar se habrían planificado masacres ejecutadas por los escuadrones paramilitares, acusaciones que tanto Uribe como su defensa niegan.
Para la jueza Heredia, “es ostensible que el acusado (Uribe) conocía del plan que se maquinaba: emboscar a Monsalve” para que cambiara su testimonio ante la justicia.
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Pruebas controversiales
Durante la lectura del fallo, la jueza Sandra Liliana Heredia confirmó la validez de algunas de las pruebas más polémicas del juicio contra Álvaro Uribe, incluyendo las interceptaciones telefónicas realizadas por la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2018 a su línea celular. Estas grabaciones se dieron mientras se desarrollaba una investigación contra otro congresista.
Según detalló Infobae, la defensa del expresidente colombiano insistió en que esas grabaciones no debieron admitirse como prueba, argumentando que correspondían a comunicaciones protegidas entre Uribe y su abogado Diego Cadena. Además, sostuvieron que las llamadas fueron interceptadas por error, argumento que fue respaldado en parte por la propia Corte Suprema en septiembre de 2018.
El alto tribunal explicó en su momento que investigaba al entonces representante Nilton Córdoba Manyoma, pero que por equivocación interceptó el número de Uribe. La jueza Heredia precisó que la intervención telefónica ocurrió solo entre el 12 y el 27 de marzo, en días hábiles, y que fue suspendida tan pronto se confirmó que la línea no pertenecía a Córdoba.}}
Según la jueza, la interceptación fue detenida mediante un auto fechado el 4 de abril de 2018, tras constatarse que “las labores de control y monitoreo telemático” del número de Uribe no arrojaban información relevante. En el fallo se detalló además que los registros de escucha se concentraron en diez fechas específicas dentro de ese periodo de marzo.
Heredia también recordó el testimonio de Óscar Álvarez Muñoz, analista del Departamento de Interceptaciones, quien aseguró que detectó que la línea en cuestión pertenecía a Álvaro Uribe, reconociendo su voz con facilidad. El analista informó a las autoridades correspondientes y, según la jueza, en una reunión con Clara Azucena Suárez e Iván Cortés se resolvió cancelar la interceptación.
Finalmente, aunque la defensa alegó que las grabaciones violaban el secreto profesional entre abogado y cliente, la jueza determinó que dicho principio no representa una barrera absoluta para la justicia cuando está en juego el esclarecimiento de hechos delictivos. Por tanto, el tribunal decidió admitir dichas grabaciones como prueba válida dentro del proceso.
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El rol de Estados Unidos
La Casa Blanca ha estado mirando muy de cerca la trama de política interna en Colombia. De hecho, tras darse a conocer el fallo de la Justicia, hubo declaraciones desde la administración Trump y el Congreso estadounidense.
Específicamente, fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que el poder judicial colombiano fue “usado como arma” en el caso del ex presidente Uribe.
“El único crimen del expresidente colombiano (Álvaro) Uribe ha sido pelear sin descanso y defender a su patria. El uso como arma del poder judicial de Colombia por parte de jueces radicales ha sentado ahora un precedente preocupante”, escribió Rubio en su cuenta de X.
La declaración fue rechazada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien acusó al funcionario estadounidense de intervenir en asuntos internos. “Una intromisión en asuntos judiciales de otro país es una intromisión a la soberanía nacional. El mundo debe respetar los jueces de Colombia, muchos y muchas han caído asesinados, por ayudar al mundo”, publicó Petro, en respuesta a un mensaje de la canciller Yolanda Villavicencio que también criticaba los dichos de Rubio.
Para el analista internacional, Claudio Coloma, la implicación estadounidense no es mero respaldo ideológico, sino que una acción de política exterior, considerando la importancia estratégica del país caribeño para la Casa Blanca.
“Estados Unidos tiene una relación muy particular de hegemonía y de influencia en Colombia y ha sido así históricamente en las últimas décadas, en los últimos 50 años más o menos. En un contexto muy particular, Colombia es importante para Estados Unidos debido a que Colombia es el principal exportador de cocaína a Estados Unidos”, explicó el experto a Turno PM.
En esa línea, Coloma complemento que “Estados Unidos tiene la política de reprimir o evitar el traslado de cocaína hacia su propio país desde Colombia y para eso ha apoyado militarmente con con armamento, con especialización, con servicios de inteligencia al ejército colombiano para llevar a cabo políticas de defensa y de seguridad interna”.
El analista además planteó que Colombia adquiere este tipo de insumos militares a través de créditos y Estados Unidos, naturalmente, es una parte importante de su flujo económico es la industria militar.Para Estados Unidos, mantener esa línea de créditos y financiamiento en materia armamentística es uno de los elementos que importan”.
En tanto, respecto al aspecto político, Coloma cree que la política económica estadounidense para con Colombia es “totalmente viable a través de figuras políticas como Uribe, que apoyan este tipo de relacionamientos bilaterales”.
“Hoy día tienes por primera vez en la historia de Colombia a un presidente de izquierda, Petro, que naturalmente es muy crítico de ese tipo de relacionamiento. Y él apuesta por ampliar las relaciones colombianas y dejar de hacerlas excesivamente dependientes de Estados Unidos”, explica el experto, deslizando que desde la Casa Blanca buscan evitar que disminuya dicha influencia.
Por lo mismo, para Coloma, la defensa de Estados Unidos a Uribe no es una sorpresa, ya que “no es un aliado, es una pieza política en el esfuerzo estadounidense por mantener activa esta política de control de importaciones ilegales de cocaína a su propio país”.