10 meses sin Julia Chuñil: Discriminación institucional afectaría casos que involucran a activistas del pueblo Mapuche

Este lunes 8 de septiembre se cumplen 10 meses desde la desaparición de Julia Chuñil, defensora ambiental, dirigenta mapuche y presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel. 

La activista de 72 años fue vista por última vez a inicios de noviembre de 2024, tras salir de su casa en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, Chile, mientras salía a buscar animales de su propiedad en el sector conocido como Reserva Cora Número Uno-A, acompañada de su perro en un territorio que, según la CONADI, pertenece a un particular no indígena. Desde entonces, no se han tenido mayores avances en conocer su paradero.

La búsqueda por parte de las autoridades ha sido particularmente lenta y a casi un año de la denuncia, pocos o nulos avances se han tenido en la causa. Esto, considerando que la familia denuncia que la desaparición de la activista ocurrió tras recibir amenazas por parte del empresario forestal, Juan Carlos Morstadt Anwandter, debido a la lucha de su comunidad por la defensa de tierras ancestrales y el bosque nativo que el empresario buscaría poseer. 

Por lo mismo, según reportó hace algunos meses Interferencia, la familia de Chuñil  presentó una querella por secuestro, homicidio o feminicidio, apuntando principalmente contra el empresario por haberla amenazado e incluso, haber presuntamente intentado atropellarla.

Esto último, considerando que según el mismo medio, Julia habría advertido a sus familiares y cercanos que si llegaba a pasarle algo sería “culpa de él”. 

Todo esto es parte de la carpeta investigativa que maneja la Fiscalía. Sin embargo, tanto las policías, como las autoridades e instituciones a cargo del caso han sido objeto de cuestionamientos por su proceder en las indagatorias. Específicamente, tanto los familiares, como organizaciones sociales y entidades defensoras de los Derechos Humanos, han denunciado graves irregularidades dentro del caso.

Apremios ilegítimos

En el marco de la investigación por la desaparición de la dirigente mapuche, su familia ha denunciado una serie de atropellos y presiones indebidas por parte de las policías y el Ministerio Público.

Estas acciones, calificadas por las abogadas de la familia como "apremios ilegítimos", han generado una profunda desconfianza en el proceso y han victimizado a los propios familiares. Así lo expresó a Turno PM la abogada Karina Riquelme, quien representa al hijo de Julia, Pablo San Martín Chuñil, y aseguró que esta situación responde a un patrón histórico. 

“Ciertamente ha habido un tema de discriminación en la persecución a quienes trabajamos acá al sur del río Bío Bío”, señaló la defensora, afirmando que “existe una maquinaria encargada de perseguir personas del pueblo mapuche desde hace mucho tiempo”.

Según la abogada, “ese sesgo está instalado en las policías y en las fiscalías al sur del río Bío Bío. Pero acá ya traspasamos límites de gravedad al tener que denunciar apremios ilegítimos que fueron vividos por la parte de la familia más vulnerable de Julia, que es la hija”. 

Específicamente, el hostigamiento del que habla Riquelme se centró, en efecto, en Jeannette Troncoso Chuñil, quien habría sido sometida a un intenso interrogatorio bajo coerción durante un allanamiento a su domicilio. 

El 30 de enero, mientras se realizaba un operativo policial de gran envergadura en la vivienda de Jeannette, un funcionario del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), de apellido Arriagada, la abordó con el pretexto de una breve conversación y la condujo a un furgón policial. 

Riquelme lo resume así: “Ella denuncia al carabinero Arriagada, quien genera estos apremios ilegítimos para que se autoinculpara en un día que se realizó un allanamiento en su domicilio, donde se hicieron excavaciones y donde él aseguraba que iban a encontrar a su mamá”. Durante este tiempo, la familia buscó a Jeannette con desesperación, sin recibir información oficial sobre su paradero.

“Ustedes son los responsables”

Dentro del vehículo, y en presencia de la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, el interrogatorio escaló en tono e intensidad. Según el testimonio de Jeannette, el funcionario Arriagada la acusó directamente. “Cuando su mamá se perdió, ustedes eran los únicos que estaban acá. Ustedes son los responsables. Diga la verdad, que su marido fue el que le hizo a su mamá”, le espetó el oficial, asegurando que encontrarían evidencia de sangre. 

Esta supuesta evidencia fue posteriormente desmentida por la defensa de la familia y, según Riquelme, es parte de las irregularidades, ya que la propia fiscalía “filtró antecedentes respecto de una supuesta evidencia en contra de la familia, que nunca fue real", lo que derivó en la apertura de una causa por vulneración de secreto.

La presión psicológica se vio agravada por tácticas de intimidación física. Jeannette relató cómo el funcionario la instaba a confesar mientras manipulaba su arma de fuego, sacándola de la funda, lo que le provocó un miedo paralizante. El policía utilizó además la presencia de la fiscal Esquivel como una herramienta de coacción.

En dicha instancia, la intervención de la fiscal fue mínima y, según el testimonio, funcional a la presión del carabinero. Al ver que Jeannette mantenía firmemente su inocencia, el funcionario ordenó que se la llevaran a Máfil, prolongando su detención ilegal.

La abogada Riquelme es

enfática al señalar la gravedad de que el interrogatorio ocurriera “en presencia de Tatiana Esquivel, que es la fiscal regional de Los Ríos que ha llevado adelante esta investigación, y que desgraciadamente sigue llevándola adelante aun cuando ella es imputada en este caso”. Recuerda que la misma fiscal, tras ser denunciada, “solicitó inhabilidad para no seguir dentro de la causa, lo que fue negado por el fiscal nacional”. 

Esta situación ha profundizado la desconfianza de la familia, que se siente ignorada por la institución. “La verdad es que ha habido una negativa total. Yo creo que además esto demuestra un gran racismo y desprecio por las víctimas, quienes ni siquiera han sido recibidas presencialmente en fiscalía”, denuncia Riquelme.

Debido a esta serie de irregularidades, la defensa ha elevado una solicitud formal “directamente a Fiscalía Nacional, que se cambie la fiscalía en la cual se está llevando esta investigación y que no quede en manos de ninguna de las fiscalías al sur del río Bío Bío, que están especializadas en perseguir delitos de violencia rural”, explica la abogada. 

El objetivo, concluye, es no continuar con un proceso viciado por el prejuicio, que ya ha traído consecuencias graves para la familia, “incluso al punto de tener que denunciar delitos penales y sentirse más que víctimas, imputados”.

Racismo y discriminación en las instituciones

Bajo estos antecedentes, la abogada Riquelme cree que es muy difícil plantear que el caso de Julia Chuñil y su familia sea un hecho aislado. Al ser consultada directamente sobre si podemos hablar de una discriminación sistemática a nivel institucional, su respuesta es categórica: “Sí, por supuesto que sí. Esa discriminación está instalada, es un hecho que tiene que ver con el conflicto que existe entre el Estado chileno y el pueblo mapuche (...) y desgraciadamente los poderes, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público —que es el obligado a investigar—, han tomado parte en este conflicto”.

Esta toma de partido se evidencia, según Riquelme, en una notoria diferencia en el actuar de la fiscalía. “Nosotros que hemos trabajado por muchos años al sur del Bío Bío, yo puedo asegurar que en las causas en las cuales hay víctimas mapuches, el Ministerio Público abandona dichas causas. No trabaja con la misma fuerza cuando existen víctimas que son, por ejemplo, camioneros o latifundistas”. 

Para sustentar su afirmación, enumera una serie de casos emblemáticos: “De esto da cuenta, por ejemplo, el caso Huracán. También lo demuestra el caso de Alex Lemún y el abandono que la fiscalía hizo al respecto. Lo muestran los casos de las hortaliceras mapuches que vivieron torturas y no se investigaron adecuadamente”.

El patrón se repite en otros contextos, como en “las denuncias por apremios ilegítimos en las municipalidades, como ese caso en que más de 100 personas ingresaron y torturaron a quienes estaban adentro: todos eran miembros del pueblo mapuche que estaban ejerciendo su derecho a manifestación pacífica. Respecto de eso, hubo un total abandono”, agrega.

El caso de la machi Millaray

Un ejemplo reciente de este patrón es el operativo policial efectuado hace poco más de un mes en la vivienda y rewe de la Machi Millaray Huichalaf, reconocida por su rol en la defensa del río Pilmaiquén. 

Según denunció la comunidad, la acción se realizó sin orden judicial, con un amplio contingente y generando temor entre los presentes. Este tipo de hostigamiento hacia líderes indígenas vinculados a resistencias socioambientales es, para muchos, una prueba más de la criminalización que enfrentan.

La diputada Emilia Nuyado calificó el procedimiento como “una vulneración grave de la dignidad y de los derechos fundamentales de una autoridad espiritual y cultural, cuyo rol resulta esencial para su comunidad”.

La legisladora recordó además que Chile es parte de convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que exige el respeto a la integridad física y cultural de los pueblos originarios, así como el cumplimiento de estándares de debido proceso y la consideración de sus tradiciones en cualquier procedimiento judicial que los involucre.

Para Riquelme, esta diferencia de trato se origina en una postura política de la fiscalía, que se niega a reconocer el trasfondo del conflicto, lo cual “se refleja en las declaraciones de los fiscales, donde desconocen los derechos propios del pueblo mapuche y sólo hablan de grupos criminales y de criminalidad. Desconocen que detrás hay un conflicto histórico y sociológico, que para ellos se reduce solamente a grupos criminales sin otro apellido”.

“Por ejemplo, el caso Huracán lo tomó una fiscalía de otra región, la de Aysén, que no tenía esos sesgos ni conocía esos prejuicios respecto de investigaciones donde los perseguidos son siempre los mismos”, explica la defensora a Turno PM.

En este escenario, plantea Riquelme, el rol del fiscal Valencia es vital, ya que debiera “garantizar imparcialidad en esta investigación y sacar a los equipos que se dedican a perseguir delitos vinculados a este contexto y que, en definitiva, terminan persiguiendo a mapuche”.

Riquelme subraya que esta parcialidad tiene consecuencias profundas, ya que “afecta la imparcialidad y demuestra que se está tomando parte en el conflicto. Eso impacta el debido proceso y el Estado de Derecho en Gualmapu, porque la institucionalidad no ha sido capaz de asegurar imparcialidad en las investigaciones”.