Defensora mapuche desaparecida: La lucha contra el olvido de Julia Chuñil

Ocho meses se cumplen este martes de la desaparición de Julia Chuñil. El caso de la activista ha causado revuelo principalmente por la forma que se extravió y las investigaciones que se han llevado a cabo.

La mujer mapuche de 72 años se perdió en extrañas circunstancias el día 8 de noviembre del 2024 en la zona rural y cordillerana de ​Huichaco Sur, en la comuna de Máfil, región de Los Ríos al sur de Chile. En esa oportunidad, salió como de costumbre con sus tres perros para cuidar su ganado, pero ni ella ni su perro Cholito regresaron.

En conversación con Turno AM, Joaquín Salinas, abogado de Escazú Ahora Chile, destacó que el lugar donde vivía Chuñil es un predio de 900 hectáreas de bosque nativo en el sur de Chile. “No se conoce con claridad cómo ocurrió su desaparición ni las circunstancias exactas. Después de estar con su familia, Julia regresó al terreno para buscar algunos animales que tenía. Pero tras ese recorrido, no se volvió a tener ningún rastro de ella”.

La teoría de la familia

Julia era conocida en la zona por proteger bosques nativos y practicar métodos ancestrales de cultivo y medicina. Vivía en una cabaña sin electricidad ni cobertura para celular, en el cerro Reserva Cora Número Uno. 

Al lugar llegó en 2015 luego de que la Conadi le asignara la propiedad, pero se revirtió el proceso y el predio fue devuelto al dueño anterior. De acuerdo al organismo, hubo incumplimientos por parte de la comunidad como falta de ocupación efectiva y otros conflictos internos, según consigna un reportaje especial de The Guardian en Chile. No obstante, ni Julia Chuñil ni su entorno fueron informados oficialmente de que el Estado había anulado la entrega del terreno. Ella seguía viviendo allí, sin saber que legalmente ya no era reconocido como tierra indígena.

Salinas precisó que el terreno donde vivía Julia Chuñil no solo tenía un alto valor ecológico, sino también económico, ya que estaba rodeado de plantaciones forestales. “Estamos hablando de un bosque nativo que interrumpía el avance de intereses productivos en la zona. Julia representaba un obstáculo para esos procesos y, por eso, fue hostigada por un empresario vinculado al negocio forestal”, señaló.

Este contexto es clave para la familia, que alerta sobre el empresario Juan Carlos Morstadt, a quien acusan de haber hostigado y amenazado a Chuñil con el fin de que abandonara el terreno, dado su interés en explotarlo económicamente.

La abogada Karina Riquelme, quien asumió en abril la defensa de Pablo San Martín, hijo de Chuñil, explicó en Turno PM que Morstadt fue citado como imputado, pero “optó por ejercer su derecho a guardar silencio y se negó a declarar”. 

Ojos vendados y manos atadas 

La investigación penal por la desaparición de Chuñil se inició el mismo día en que se perdió su rastro. Durante los primeros meses, la carpeta investigativa se mantuvo bajo reserva, lo que limitó el acceso de la familia y organizaciones a la información del caso. Se esperaba que el secreto de la investigación se levantara el 20 de enero de 2025, pero la Fiscalía solicitó una extensión de 40 días, lo que retrasó aún más el acceso público a los antecedentes.

Joaquín Salinas, de Escazú Ahora Chile, denunció que esta situación dejó a la familia avanzando “con los ojos vendados y de manos atadas”, en un proceso donde no tenían herramientas para ejercer su derecho a la verdad ni a la justicia. Recién a finales de marzo pudieron acceder a la carpeta investigativa, lo que a juicio de la organización representa una vulneración constante. 

A esto se suman filtraciones a la prensa desde organismos policiales, con antecedentes que la familia desconocía oficialmente, lo que profundizó la desconfianza hacia el actuar institucional. 

Ante estas irregularidades, la familia presentó en diciembre de 2024 una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Los Lagos, la cual está dirigida "contra quienes resulten responsables". También se apunta a la posible intervención de terceros e indicando al empresario como posible responsable.

Al respecto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, afirmó que este caso se investiga bajo “un estándar mayor y más severo”, confirmando la aplicación de un protocolo internacional destinado a la búsqueda de personas defensoras del medioambiente. Además, señaló que se han desplegado todos los recursos disponibles en la región para la búsqueda de la activista. 

En marzo de 2025 se conoce un nuevo antecedente relevante. Se trata de una mancha de sangre, la cual pertenecería a la Julia, llevando a la Fiscalía a considerar a la familia como “objeto de interés” y activar el uso de georadares para buscar un posible cuerpo enterrado. 

Consultada sobre el hallazgo en un pantalón colgado en la casa donde vivía Julia Chuñil con sus hijos, Riquelme explicó que “no era sangre humana, no tenía posibilidad de ser comparada”. Señaló que este descubrimiento ha sido utilizado para “incriminar a la familia y generar un relato en torno a ellos como sospechosos”. 

Los cercanos a la dirigenta presentaron una denuncia por apremios ilegítimos contra la fiscal Tatiana Esquivel y Carabineros, relacionada con un operativo realizado el 30 de enero de 2025 en la casa de la hija de Julia Chuñil. La Fiscalía Nacional rechazó la solicitud de inhabilitación de la fiscal Esquivel, pero se abrió una causa penal para investigar las denuncias presentadas.

Escazú a prueba

Al ser una lideresa mapuche, dedicada a la protección del bosque nativo y el cuidado del territorio, la desaparición de Chuñil escala a otro nivel. Su figura encaja plenamente en la categoría de defensora de derechos ambientales y territoriales, reconocida por organismos internacionales de derechos humanos.

En ese caso, se ha activado Acuerdo de Escazú, del cual Chile es parte desde 2022, luego de que el gobierno de Gabriel Boric revirtiera la decisión de la administración de Sebastián Piñera de no firmarlo.

Una de las obligaciones del tratado es garantizar el acceso a la información ambiental, especialmente sobre tierras, propiedad, actividades extractivas o cambios administrativos. Hecho que en este caso no se había realizado, ya que la Conadi no habría notificado a Chuñil que el terreno en el que vivía había sido devuelto al empresario Juan Carlos Morstadt, vulnerando los principios de transparencia activa que el tratado exige.

Otro aspecto clave, es que la comunidad mapuche Blanco Lepin, a la cual se asignó el predio originalmente, no participó en la decisión de reversión del terreno ni en el análisis de la supuesta “falta de uso efectivo”.

Para el representante de Escazú Ahora Chile, la desaparición de Chuñil “es la punta del iceberg de lo que tenemos en Chile hoy en día”, y refleja una situación crítica para las personas defensoras del medioambiente, que “están siendo perseguidas, criminalizadas y enfrentan demandas millonarias por parte de empresas que buscan avanzar en sus intereses económicos”.

Por su parte, la abogada Karina Riquelme sostiene que el caso deja en evidencia la falta de voluntad de las instituciones: “No hemos visto que ninguna le dé la gravedad que debiera dársele a la desaparición de una mujer que ya había denunciado amenazas”. En su opinión, la criminalización está tan enquistada en las policías y en el Ministerio Público del sur del país, que proteger como víctima a una persona mapuche simplemente “no está dentro de sus prioridades”.