Subsecretario Ramos por cuestionamientos a jueza tras liberación de sicario: “Los humanos pueden fallar”

Fallas estructurales, extorsión o, simplemente, un error impresentable. Esas son las teorías que se manejan alrededor de la liberación de Osmar Ferrer, uno de los tres imputados por el asesinato de José Felipe Reyes Ossa, empresario conocido como el “Rey de Meiggs”. 

El sospechoso de nacionalidad venezolana, presuntamente vinculado al Tren de Aragua, fue detenido y formalizado el 9 de julio. Sin embargo, tan solo 8 minutos después de decretarse la prisión preventiva, la resolución quedó sin efecto por un error de identificación en la orden. Producto de esto, Ferrer fue liberado y ahora se encuentra inubicable.

Un tercer documento, esta vez sin fallas, se emitió momentos después, pero desde Gendarmería acusan nunca haberlo recibido. El despelote judicial finalmente puso en duda tanto a la institución como a la jueza a cargo, Irene Rodríguez, abriendo incluso una investigación en Fiscalía para dilucidar qué pasó.

Dudas contra la jueza a cargo

Las líneas de tiempo del Poder Judicial y de Gendarmería coinciden en señalar que el error fue originado por un fallo en la firma electrónica del documento. Según Gendarmería, la liberación de Ferrer ocurrió más de seis horas después de recibir la contraorden. Esto desató especulaciones sobre posibles irregularidades, incluyendo la posibilidad de un hackeo o corrupción, lo cual está siendo investigado por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente.

La jueza Rodríguez ha defendido su actuación, asegurando que no hubo dolo en su proceder. Explicó que un error de tipeo en el nombre del imputado originó el fallo erróneo y que el sistema judicial no permite enmendar errores sin crear nuevos documentos. Rodríguez aseguró que, debido a la naturaleza del sistema, no se pudo corregir el nombre del imputado sin dejar sin efecto la orden original de prisión preventiva.

En declaraciones a Mega, la jueza reiteró que el error fue administrativo y afirmó que "no se percató" del fallo inicial. La controversia se agravó cuando se hicieron públicas versiones de que Rodríguez se habría quedado dormida durante la audiencia de formalización. 

La jueza descalificó estas acusaciones, argumentando que tales rumores eran "nimios" y sin fundamento. "Si me hubiera quedado dormida, no habría podido tomar las decisiones que tomé con el ímpetu que lo hice", comentó, defendiendo su desempeño en el caso.

La situación, que incluso fue destacada en medios internacionales como Infobae o El País, ha abierto un debate en torno a que, si bien es menester proteger y dejar que las instituciones hagan su trabajo, son las personas que conforman estas instituciones las que abren cuestionamientos a las mismas. 

“Caso puntual”

El subsecretario de Interior, Victor Ramos, conversó con Turno AM para abordar esta controversia, planteando al respecto que "los humanos, desde que el tiempo es tiempo, somos seres que pueden fallar y lo que nosotros hemos visto es que se ha decretado un proceso de investigación, tanto en sede administrativa, como en sede judicial".

"Lo que vamos a tener que hacer, como personas que confiamos en que nuestras instituciones están respondiendo frente a esta batalla, es esperar que nos arrojan esas investigaciones, porque lo que va a ocurrir, probablemente, es que las investigaciones, si es que encuentra responsables, los va a llevar a cumplir las condenas que corresponden", señaló el subsecretario.

En esa línea, Ramos llamó a "tener un poquito más de perspectiva para ver las cosas y no acelerarnos" con lo que calificó como un acontecimiento puntual y tratar de trasladarlo como si se estuviera desmoronando toda una institucionalidad (...) Yo a veces observo un discurso que pretende cuestionar toda la institucionalidad por casos puntuales". 

"Tanto en el caso de los militares, como en este caso de la FACh, las instituciones están haciendo lo que tienen que hacer que es investigar, perseguir y sancionar a quienes resulten responsables y las penas que hemos visto para todas las personas que están asociadas o cometiendo algún tipo de delito asociado al crimen organizado, están tras las rejas con condenas muy importantes", enfatizó la autoridad de Gobierno. 

Instituciones impávidas

El subsecretario también se refirió a los cuestionamientos que se han hecho respecto a la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado en las Fuerzas Armadas, señalando que “lo que dijo la ministra de Defensa es que se van a llevar a cabo nuevos protocolos por parte de las propias Fuerzas Armadas de control interno, de rotación en las fronteras,

“Lo que me preocupa es ver unas instituciones impávidas, que no son capaces de reordenar la manera en que se conducen", arrojó Ramos, destacando además que “se desbarató a todos los testaferros del Tren de Aragua, más de 52 personas, más de 13 millones de dólares, persiguiendo el financiamiento de ellos. Ellos están hoy en día en prisión preventiva y se esperan penas altas. En cuanto a los cabecillas del Tren de Aragua, también están en la cárcel hoy".

"Yo creo que las instituciones en Chile son un valor que debemos resguardar y defender. No va a ocurrir automáticamente que funcionen. Tenemos que trabajar todos los días por fortalecerlas, por modernizarlas, por actualizarlas y por que no pierdan el contacto con la ciudadanía", planteó además el subsecretario de Interior.

Ramos también insistió en que "hay que tener cuidado y calma” en esta disyuntiva, ya que “cada vez que alguien transgrede a la Ley o genera un problema de alta connotación pública que nos impacta, lo que está ocurriendo es que está siendo detenido, procesado y llevado frente a la Justicia y cuando terminan siendo condenado, las penas están siendo muy altas".

"Yo creo que hay que ser mesurados frente a este hecho. Mirar las cifras, las perspectivas en cómo estamos conteniendo la amenaza del crimen organizado”, cerró el subsecretario.