¿Qué hacer ahora?: Ex ministros de Defensa analizan la infiltración narco en el Ejército

En un momento en que la infiltración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas (FACh) ha saltado al centro del debate público, ex ministros de Defensa llaman a enfrentar el problema con una mirada estratégica y rigurosa. En conversación con Turno PM, Francisco Vidal, Jaime Ravinet y Jorge Burgos, apuntan que la respuesta ante este desafío es una:  fortalecer la contrainteligencia. 

Los ex secretarios de Estado piden incentivar los controles dentro de la institución y esperar la indagatoria para determinar, si el caso de los ex funcionarios de la Fach involucrados en tráfico de ketamina, es aislado o estructural. 

La doctora en Ciencia Política y experta en Defensa y Seguridad, Lucía Dammert, destacó en Turno PM que la competencia para juzgar este tipo de hechos recae exclusivamente en la justicia civil.

Más allá de la vigilancia 

Aunque la contrainteligencia de la Fuerza Aérea tuvo un rol fundamental para descubrir y desarticular la red vinculada al narcotráfico, este caso evidenció que los sistemas tradicionales de vigilancia ya no son suficientes.

Jaime Ravinet, quien fuera el titular de Defensa en el primer gobierno de Sebastián Piñera, señaló que es necesario incrementar los mecanismos de supervisión de los miembros del Ejército. “Creo que hay que mejorar la inteligencia y, muy particularmente, hacer obligatorio el test de drogas a todo el personal en forma periódic —ojalá cada un mes, cada dos meses—, de manera de poder detectar a los consumidores que potencialmente después se convierten en traficantes al ser víctimas de extorsión por parte de los proveedores de droga”, agregó. 

En esa línea, Vidal destacó que las Fuerzas Armadas están cumpliendo tareas de control en la frontera norte, una zona clave por donde ha ingresado el narcotráfico. “Esa vinculación es la que hay que controlar con mucha fuerza internamente”, recalcó. 

Jorge Burgos coincidió con sus antecesores y reconoció que en este caso hubo fallas en los controles. También planteó la necesidad de investigar si estas deficiencias son recurrentes y, sobre todo, cómo corregirlas. “Sin restar gravedad al hecho, debemos ser cautelosos antes de sacar conclusiones apresuradas”, advirtió.

El ex ministro de Bachelet insistió en la urgencia de que el Estado fortalezca su capacidad de respuesta, haciendo énfasis en la importancia de los procesos formativos para los uniformados, como herramienta para contrarrestar la influencia de las bandas criminales. “Tenemos un mundo complejo donde el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, ha aumentado su capacidad de actuar, tiene muchos recursos y, sin duda, busca penetrar instituciones que les faciliten el tráfico ilícito”, añadió. 

Por otro lado, Lucía Dammert planteó una visión crítica sobre la respuesta institucional a este tipo de situaciones. “Para enfrentar el crimen organizado no basta con una sola cosa. Son varias dimensiones: prevención, control, investigación. Ninguna de esas tareas las lleva adelante el mundo militar”, dijo. 

Además, cuestionó el rol que debería jugar la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) en la identificación temprana de este tipo de situaciones. “Creo que pone en tela de juicio qué vamos a hacer con la ANI, que podría tener dentro de sus funciones —si no las tiene ya— la detección y monitoreo de estas amenazas. Sin embargo, ahí hay un desafío importante que resolver”, advirtió.

La analista enfatizó la necesidad de fortalecer las capacidades de supervisión y control que ejercen tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Seguridad Pública sobre las instituciones encargadas del orden público y las Fuerzas Armadas. “Es fundamental consolidar estos mecanismos para evitar que las redes criminales penetren en estas estructuras”, concluyó.

¿Caso aislado o problema estructural?

“Esto no comenzó en el mes de mayo, sino en la última semana de enero”, confesó Mauricio Ponce, uno de los cinco ex funcionarios de la FACh imputados por este caso, según constató un informe de la PDI revelado por Mega.

El ex uniformado incluso entregó detalles de cómo se efectuaban las transacciones de droga al interior de la institución. Relató que el día 17 de junio “coordiné con el sargento M., a quien le pedí el favor del traslado de la maleta, a lo cual accedió. Le comento que esta maleta trasladaba ropas y una botella de whisky".

Las declaraciones de Ponce abrieron la interrogante de si más casos de esta índole también se han mantenido bajo el radar de las fuerzas militares o si se trata solo de un episodio excepcional vinculado a fallas de control y supervisión al interior de una rama específica de las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, tanto Francisco Vidal como Jaime Ravinet confían en que sea un caso aislado. “Todo indica que es un tema puntual. Sin embargo, hay que realizar la investigación y tomar las medidas preventivas para que esto no se convierta en una infiltración permanente, como ha ocurrido en otras Fuerzas Armadas de América Latina, que han sido absolutamente permeadas y corrompidas por el narcotráfico”, afirmó por su lado Ravinet.

Asimismo, Vidal comentó que “la impresión es que se trata de un caso específico” y que el trabajo que se requiere ahora es “reforzar el control interno, particularmente porque la experiencia comparada mundial establece que, cuando las Fuerzas Armadas ingresan a tareas de seguridad interna —y particularmente en la guerra contra el narcotráfico—, hay experiencias en otros países donde el narcotráfico las infiltra”.

Sobre esta misma materia, Jorge Burgos fue más cauto, aunque dijo que calificarlo como problema estructural sería “atrevido” y que esperará que las investigaciones ayuden a dilucidar una respuesta. “Sin duda, aquí fallaron los controles y hay que ver si esa falla se viene repitiendo, y cómo la solucionamos. Entonces, mi conclusión es que, sin quitar la gravedad del hecho, deberíamos ser cuidadosos en sacar conclusiones todavía”, explicó.

Una opinión similar sumó la experta en Defensa y Seguridad, Lucía Dammert, quien señaló que “es bien difícil poder decir si este es un fenómeno estructural o episódico si no tenemos los resultados de la justicia. Lo que sí es claro es que evidentemente hay varios casos individuales que podrían estar constituyendo o demostrando bajos niveles de control y una capacidad de autonomía en la toma de decisiones que sobrepasa los niveles de seguridad de algunos procesos”.

De todas maneras, agregó que “hay que tener cuidado de aumentar la complejidad del fenómeno, porque todavía no tenemos ningún resultado del proceso investigativo”.

La polémica por la justicia

Tras la detención de los cinco exfuncionarios, se instaló de inmediato una discusión sobre qué tribunal debía asumir el caso: si la justicia militar o la civil. La definición tomó casi una semana, lo que retrasó el avance de la causa.

La investigación fue asumida en un comienzo por la Fiscalía de Aviación, que encabezó diligencias como el registro de domicilios e incautación de teléfonos celulares. Sin embargo, su negativa a compartir antecedentes con la Fiscalía Regional de Tarapacá generó una pugna institucional por la competencia.

Luego de varios días de disputa, donde además hubo una intervención del propio presidente Gabriel Boric, el Juzgado de Garantía de Iquique resolvió asumir la competencia y el caso quedó definitivamente en manos de la justicia civil, permitiendo al Ministerio Público avanzar con la formalización y la solicitud de medidas cautelares.

Sobre la disyuntiva, los ex titulares no tienen dudas en su respuesta. “Está claro que los delitos de narcotráfico deben ser juzgados por la justicia penal civil”, estimó Jaime Ravinet. A su juicio, fue acertado que las Fuerzas Armadas realizaran las diligencias preliminares, pero valoró que la Fiscalía, una vez recabados los antecedentes, traspasara el caso a la justicia ordinaria para su prosecución formal.

“Lo que me parece absolutamente impropio es que los ministros de Estado, incluso el propio Presidente de la República, se entrometa en atribuciones que son propias de los tribunales de justicia y se conviertan en documentalistas de esta materia”, puntualizó.

En esa misma línea, Francisco Vidal reiteró que “cuando hay una consciente competencia entre dos entidades, en este caso la fiscalía militar y el Ministerio Público, quien resuelve eso no es ni La Moneda ni el Parlamento; lo resuelven los tribunales”.

Al igual que sus pares, Jorge Burgos dijo que “en materia de narcotráfico está clara la competencia de la justicia ordinaria y del Ministerio Público. Esta discusión bastante absurda que se produjo no creo que se vuelva a repetir si hay nuevos casos”.

Como punto aparte, agregó que de todas formas “hay que modificar la orgánica de la justicia militar en Chile. Es un procedimiento que no se ha puesto al día. Es incluso injusto para los propios militares y no responde al debido proceso de la Constitución, si lo comparas con los procesos vigentes en la justicia penal”.

Siendo más crítica, Lucía Dammert calificó la discusión de competencias como “bastante inútil”, debido a que “lo que más se requiere en estos casos es transparencia y rapidez, y la justicia militar tiene, justamente, como una de sus características, altos niveles de opacidad”.