Tricel da luz verde a solicitud que busca destituir al gobernador Claudio Orrego
El Tricel admitió a trámite la solicitud de destitución en su contra por notable abandono de deberes a raíz de gastos objetados por Contraloría, mientras que, en paralelo, la Fiscalía solicitó su desafuero por un presunto fraude al fisco en el caso ProCultura.
El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ha admitido a trámite la solicitud que busca la destitución del gobernador de Santiago, Claudio Orrego. La acción fue presentada hace más de un mes por un grupo de consejeros regionales de oposición, marcando un paso formal en el proceso que busca remover a la autoridad de su cargo.
El recurso fue ingresado el pasado 25 de julio, fundamentado en acusaciones de notable abandono de deberes y una contravención grave al principio de probidad administrativa por parte de Claudio Orrego. Estas imputaciones tienen su origen en un informe emitido por la Contraloría General de la República.
La presentación judicial se sustenta en una revisión de gastos de los gobiernos regionales realizada por la Contraloría. En dicho informe, el organismo fiscalizador acusó que dineros pertenecientes al Gobierno de Santiago habrían sido utilizados para financiar actividades relacionadas con la campaña a la reelección del gobernador.
A raíz de estas conclusiones, consejeros regionales de la oposición, entre ellos Álvaro Bellolio de la UDI, decidieron llevar la situación ante el Tricel. El objetivo de la presentación es que el tribunal determine si las acciones de Claudio Orrego ameritan la sanción máxima de dejar su cargo como máxima autoridad regional.
La tramitación del recurso enfrentó un retraso inicial debido a una acción legal interpuesta por la defensa de Claudio Orrego, a cargo de los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz. Ellos presentaron un recurso de reposición para anular la ofensiva, argumentando errores en la personería de los abogados firmantes y en la identificación de los consejeros.
Alcalde republicano entre los firmantes de carta en apoyo a Claudio Orrego
En medio de cuestionamientos y una posible solicitud de destitución, 31 alcaldes de la Región Metropolitana salieron en defensa del gobernador, entre ellos, César Mena, jefe comunal de Til Til.
Servel rechaza parte de los gastos de campaña de Claudio Orrego por pagos excesivos y honorarios no justificados
El gobernador de Santiago enfrenta cuestionamientos por la rendición de gastos de su campaña de reelección, tras ser rechazados ciertos reembolsos por el Servel. Entre los problemas detectados se encuentran pagos excesivos a su administrador electoral y la participación de funcionarios del GORE en tareas electorales.
Ordenan allanamiento del domicilio de Claudio Orrego y del GORE de la RM
La Contraloría detectó el uso indebido de recursos públicos para actividades relacionadas con su reelección, y se investiga si se cometieron delitos.
Sin embargo, el Tricel finalmente desestimó los argumentos de la defensa y admitió las ratificaciones realizadas por los recurrentes, dando luz verde a la tramitación de la solicitud de destitución. La decisión no fue unánime, ya que contó con el voto disidente del ministro Gabriel Ascensio, exmilitante de la Democracia Cristiana, partido al que también perteneció Orrego.
El informe de la Contraloría cuestiona cuatro gastos específicos del Gobierno de Santiago. El primero corresponde a una serie de actividades de coaching ontológico, por las cuales se pagó un monto superior a los 31 millones de pesos. Se observó que los contenidos de dicho coaching estarían relacionados con contextos políticos y campañas.
Adicionalmente, el organismo fiscalizador reportó la compra de bienes y servicios por más de 51 millones de pesos a través de la modalidad de trato directo. La principal objeción de la Contraloría en este punto es que no existen documentos que permitan acreditar el cumplimiento efectivo de esos contratos por parte de los proveedores.
La lista de gastos observados por la Contraloría incluye también la contratación de una empresa consultora por 46 millones de pesos, de la cual no se encontraron antecedentes que respalden la ejecución de los servicios comprometidos. A esto se suma un contrato por 109 millones con otra consultora, cuya idoneidad no fue acreditada adecuadamente.
Estos gastos no solo motivaron la acción ante el Tricel, sino que también son objeto de una investigación penal. La Fiscalía Oriente está a cargo de esta arista, en el marco de la cual ya tomó declaración a Claudio Orrego y retiró diversos equipos computacionales desde el edificio del Gobierno de Santiago para ser periciados.
Paralelamente al proceso de destitución, el gobernador enfrenta otra compleja situación judicial. La Fiscalía de Antofagasta, que investiga el denominado caso ProCultura, ha solicitado el desafuero de Claudio Orrego por su presunta implicación en delitos de fraude al fisco en esa causa.
La solicitud de desafuero se relaciona con la firma de convenios por más de 1.690 millones de pesos entre el Gobierno de Santiago y la organización liderada por Alberto Larraín. La justicia fijó para el próximo 6 de octubre la audiencia en que se revisará esta petición del Ministerio Público, mientras la defensa de Orrego ha reafirmado su inocencia.