Ministro Boccardo llama a la calma tras acusaciones de “amarre” contra el gobierno: “Ningunear al sector público no ayuda”

En escalada ha ido la controversia entre el gobierno y la oposición por el protocolo de acuerdo suscrito entre el Ejecutivo y la mesa del Sector Público, que incorpora una restricción para desvincular a funcionarios a contrata invocando únicamente la “necesidad del servicio”. La disposición, contenida en el punto 14 del documento, ha sido calificada desde la derecha como una “ley de Amarre”, al estimar que limita el margen de acción de la futura administración del presidente electo José Antonio Kast durante el proceso de traspaso de mando en La Moneda.

La polémica fue abordada este lunes por el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, en entrevista con el programa Turno AM, donde profundizó en el alcance del protocolo y en la situación de los funcionarios a contrata. En la conversación, el secretario de Estado también se refirió a otros temas de contingencia, como la salida del director de la Dirección de Crédito Prendario, y esbozó reflexiones sobre la gestión del gobierno a meses del término del mandato.

“No hay dos discursos”

El debate se ha intensificado con declaraciones como la del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien advirtió sobre el impacto político de la medida en la relación entre la actual administración y el equipo entrante. “Si el gobierno sigue con los amarres, estaría dinamitando nuestra relación”, sostuvo.

Asimismo, el ex ministro Claudio Alvarado, encargado del traspaso de mando, cuestionó la norma señalando que “yo he participado en muchas discusiones de leyes de Presupuesto y leyes de reajuste y nunca había visto una norma de estas características”. Añadió que “es legítimo que un gobierno tenga personas de su exclusiva confianza, pero ese gobierno no puede pretender que en una nueva administración esas personas sigan siendo de la confianza del gobierno”.

En respuesta, Boccardo cuestionó el tono de las críticas desde la oposición y fue enfático en señalar que “todos los funcionarios de confianza política que entraron con esta administración tienen que renunciar el 11 de marzo. En eso no hay dos discursos”. Aclaró, sin embargo, que la discusión se centra en la situación de “miles de funcionarios que están a contrata, que realizan labores técnicas, que ingresaron para cumplir equipos en unidades, departamentos, etcétera, y lo que estamos diciendo es que si se les va a desvincular, haya un fundamento”. Advirtió que, si se les remueve masivamente, se “paraliza el Estado”, ya que “muchas de estas contratas están en hospitales, consultorios, servicios de primera necesidad”.

El secretario de Estado también advirtió sobre el clima que se genera en torno al empleo estatal y afirmó que “cuando uno denosta la función pública y presupone a priori que todos están haciendo un mal trabajo, genera un clima que hace que las asociaciones de funcionarios desconfíen, tengan temores”. En ese contexto, buscó bajar el tono a la controversia señalando que “esto es un proyecto de ley, es el Congreso el que finalmente tendrá que dirimir si se aprueba o no este punto”, recordando además que el acuerdo incluyó “un reajuste bien significativo de las remuneraciones”.

“Ningunear al sector público, y sobre todo cuando tú vas a gobernar, cuando tienes que llevar adelante ministerios, cuando tienes que prestar servicios, no ayuda”, insistió el abogado, señalando que “en algún momento esto se transformó en un tema de campaña”.

Finalmente, el ministro apuntó a que “hay un desconocimiento de cómo opera el Estado, porque este tema lo tienen que afrontar todos los gobiernos entrantes”. Cerró diciendo que “no compartimos esa idea de tratar de ‘parásitos’, de denostar la función pública (...) después del 11 de marzo, tú tienes que impulsar todo el Estado a través de esos propios funcionarios. Entonces creo que este es un momento donde uno tiene que valorizar la función pública, ver cómo la mejora, porque finalmente es lo que llega a la gran mayoría de la ciudadanía”.

La polémica de “Tía Rica”

Durante la conversación, el ministro Boccardo también abordó la salida del director general de la Dirección de Crédito Prendario (Dicrep), conocida como la “Tía Rica”, en el marco de una conversación más amplia sobre gestión pública y cierre de mandato. La consulta surgió tras conocerse que más de $1.500 millones en bienes fueron empeñados entre 2023 y 2024 sin una verificación adecuada de su procedencia, incluyendo operaciones realizadas por personas con antecedentes penales.

A raíz de ello, esta semana el Ministerio del Trabajo y Previsión Social informó que solicitó la renuncia del director general de Dicrep, Cristóbal Sepúlveda, y que la subrogancia legal recaerá en el jefe jurídico de la institución, Juan Andrés Troncoso. Además, comunicó que la renuncia se haría efectiva desde este lunes 22 de diciembre, tras el reporte de Contraloría que detectó problemas de control en el servicio.

En la entrevista, Boccardo explicó la decisión señalando que “la renuncia al director de la Dicrep se las pedimos por pérdida de confianza política, creemos que hay que darle una nueva conducción al servicio”. En ese marco, agregó: “Dicho eso, efectivamente, hay aspectos de protocolos, de procedimientos que probablemente vamos a tener que revisar. Instruimos sumarios apenas conocimos la auditoría Contraloría”.

El ministro defendió la función social del organismo y remarcó su importancia para quienes no acceden al sistema bancario. “La ‘Tía Rica’ debe ser uno de los servicios más queridos por la ciudadanía”, afirmó, señalando que allí “van muchas personas de bajos recursos, muchas mujeres, muchas personas mayores”.

Respecto de los antecedentes detectados, Boccardo pidió precisión en la interpretación y sostuvo que “hay que revisar esto más en detalle porque no necesariamente una persona con antecedentes inmediatamente implica una joya venga de un origen ilícito”. En esa línea, reiteró que “lo que hace la ‘Tía Rica’ es saber si el oro es oro, si el diamante es diamante”.

Boccardo indicó que el proceso seguirá abierto para establecer responsabilidades y eventuales ajustes. “Los sumarios van a seguir cursando”, dijo, y añadió que “vamos a poder saber bien cuánto es de protocolos, pero también cuánto es de limitaciones legales que tiene el servicio”. De todas maneras, subrayó que “no por esta renuncia al director uno está haciendo un juicio a todo el servicio”.

La “interesante” discusión del FA

El ministro Giorgio Boccardo hizo un balance general de la gestión laboral del gobierno, a meses de entregar el poder al presidente electo Kast. Señaló que el énfasis estuvo en fijar estándares mínimos que no estaban garantizados, recordando que este gobierno "dignificó el trabajo y puso pisos que pueden parecer muy elementales, pero que en este país no estaban asegurados”, en alusión al aumento del salario mínimo y a los cambios en pensiones. En ese marco, subrayó que “hace cuatro años atrás el salario mínimo era de 350 mil pesos”.

El titular de Trabajo vinculó ese enfoque con reformas orientadas a la calidad de vida, destacando la reducción de la jornada laboral, argumentando que “una de las cosas más importantes, más valoradas por las personas, es el tiempo y el poco tiempo libre que tenemos". Además, reiteró que "a nosotros nos toca asumir, y también a veces se olvida, con una pandemia, con un retroceso del mercado laboral de más de dos millones de personas que salieron del mercado del trabajo, sobre todo mujeres. Y el mercado laboral en el país se recuperó, y creo que eso es un hito importante".

Sin embargo, advirtió sobre los riesgos sociales del cambio productivo y tecnológico, señalando que “el drama social es que esa persona, al ver que sus habilidades ya no son necesarias, quede fuera del mercado”. Según planteó, cuando ese proceso es percibido como injusto “genera malestar social”, razón por la cual defendió un rol más activo del Estado y el fortalecimiento de políticas públicas para acompañar esas transformaciones.

Consultado sobre el debate interno del oficialismo en medio del cierre de mandato y la derrota post elecciones, Boccardo aludió a los documentos y PDF que han circulado en el Frente Amplio, como los del ex ministro Giorgio Jackson y del economista Noam Titelman. Sin personalizar esa discusión, afirmó que “yo que he sido más de 20 años militante, soy más bien de la cultura que uno discute dentro del organismo”, precisando que ha leído los diagnósticos y que, a su juicio, “se está dando un debate bien interesante”.