“Fiscalía nos trata como sospechosos”: La desolada crítica del hijo de Julia Chuñil tras revelador audio donde dicen que "la quemaron”
Pablo San Martín y la abogada Karina Riquelme expresaron en Turno AM sus reparos sobre cómo se ha manejado la investigación en torno al caso de la mujer mapuche, desaparecida hace casi un año.
Este miércoles en Turno AM, Karina Riquelme, abogada querellante, y Pablo San Martín, hijo de Julia Chuñil, dieron detalles sobre el caso que sigue conmocionando al país. Julia Chuñil, líder de la comunidad Putreguel, desapareció en noviembre de 2024 en la Región de Los Ríos, y desde entonces su familia ha denunciado la falta de avances significativos en la investigación, así como graves irregularidades procesales.
Sumado a lo anterior, este martes 30 de septiembre, la familia de Julia Chuñil reveló la existencia de una interceptación telefónica clave. En la llamada, el principal sospechoso, Juan Carlos Morstadt Anwandter, habría afirmado que “la quemaron”. Esta revelación ha generado gran conmoción, ya que proporciona nuevos elementos que podrían cambiar el rumbo de la investigación.
El trato de fiscalía
A lo largo de la entrevista, Pablo San Martín relató la persecución que ha vivido su familia durante estos casi 11 meses sin saber el paradero de su madre. "Nos han tratado como sospechosos desde el inicio, en lugar de como víctimas", expresó San Martín, ya que se ha planteado que la familia podría ser responsable de la desaparición de Julia, algo que consideran totalmente infundado. "Nosotros queremos encontrar al verdadero culpable, no a personas inocentes", subrayó el hijo de la mujer desaparecida.
El sufrimiento de la familia se intensificó cuando, el 30 de enero, la hermana de Pablo, Jeannette, fue detenida en su casa en un allanamiento que, según el relato de la familia, estuvo lleno de irregularidades. "Jeannette fue sacada de su casa sin que supiéramos a dónde la llevaban", explicó Pablo. La familia ha denunciado el trato ilegal que sufrió su hermana, quien fue apartada de sus hijos y forzada a permanecer en un furgón, todo mientras se les acusaba de ser responsables de la desaparición de Julia. “Nunca entendimos por qué nos trataron así”, concluyó Pablo.
Además de las acusaciones de Pablo, la abogada Karina Riquelme agregó que las irregularidades en el caso se extienden a la falta de respuesta de la Fiscalía. “Hace más de 10 días que no recibimos ninguna respuesta ni acceso a la investigación”, destacó la abogada, subrayando la creciente desconfianza que esto ha generado en la familia. La abogada de la familia también mencionó que "nunca nos recibieron presencialmente en la fiscalía, solo a través de videoconferencias".
Asimismo, apuntó a la falta de recursos y herramientas adecuadas para realizar una búsqueda efectiva, denunciando que un georradar entregado a Carabineros fue mal utilizado y que el funcionario a cargo está siendo investigado por apremios ilegítimos. “Nos sentimos desprotegidos, la investigación no avanza como debería”, expresó Riquelme, recalcando que "he estado involucrada en casos durante más de 15 años en el sur de Chile, y la situación siempre es la misma: la Fiscalía no actúa con la celeridad que deberían y a menudo se criminaliza a las víctimas".
Una de las mayores críticas que Riquelme hizo fue la falta de prioridad dada a la interceptación telefónica, que se considera clave para esclarecer los hechos. "Nos preocupa que se utilicen estas tácticas para incriminar a los inocentes, en lugar de centrarse en la verdadera causa de la desaparición de Julia", dijo la abogada. Además, acusó que la Fiscalía ha utilizado testigos con identidad reservada para incriminar a la familia, “Queremos saber por qué no se dio la importancia a esta evidencia desde el principio”, señaló.
Morstadt, el principal sospechoso
El conflicto detrás de la desaparición de Julia Chuñil está relacionado con un terreno que la mujer reclamaba como parte de la reivindicación territorial de su comunidad. Juan Carlos Morstadt, propietario del predio, ha sido señalado por la familia como el principal responsable de las amenazas contra Julia. "Mi mamá nunca aceptó dinero para abandonar el terreno, ella estaba comprometida con la defensa del bosque nativo", relató Pablo San Martín. La familia sospecha que Morstadt estuvo involucrado en la desaparición de Julia, especialmente debido al conflicto por la tierra que él poseía.
La familia sostiene que, en 2015, CONADI había entregado el terreno a la comunidad mapuche, pero en 2021, sin previa notificación a Julia, se lo devolvió a Morstadt, quien lo había adquirido anteriormente. Pablo San Martín transparentó su desconcierto en la entrevista: "¿Cómo le devuelven la tierra a un empresario sabiendo que había una comunidad mapuche ocupando el terreno?", se preguntó, añadiendo que “no tiene sentido, parece que se quería sacar a mi madre de allí para facilitar un negocio”.
“¿A quién le molestaba más mi mamá? ¿A nosotros como hijos o a este empresario que quería desforestar el bosque nativo?”, cuestionó San Martín, enfatizando la profunda conexión de su madre con la tierra. “Mi mamá amaba el bosque, lo cuidaba con todo su ser, y fue esa su lucha lo que la convirtió en un obstáculo para quienes querían explotar el terreno”. San Martín reiteró las acusaciones injustas contra su familia, diciendo: “Nos acusan de ser responsables de su desaparición, pero el verdadero motivo está en los intereses económicos de Morstadt, no en lo que mi madre hizo o dejó de hacer”.
La familia pide ayuda
Al cierre de la entrevista, Pablo San Martín agradeció la invitación y pidió el apoyo de la audiencia para la marcha nacional que organizarán el 8 de noviembre, un año después de la desaparición de su madre, Julia Chuñil. “Necesitamos el apoyo de todos para exigir justicia”, expresó San Martín. La marcha se realizará en varias ciudades del país, incluyendo frente a La Moneda, con el fin de visibilizar el caso y exigir respuestas de las autoridades.
Por su parte, Karina Riquelme también hizo un llamado a la transparencia en la investigación, aclarando que la familia ya había presentado todos los antecedentes a la institucionalidad. “Nos gustaría no tener que llegar a estos extremos, pero lamentablemente nos vemos obligados a hacerlo”, dijo la abogada, refiriéndose a la liberación del audio.
Finalmente, la abogada y la familia pidieron que se respeten los derechos y el debido proceso, y se les permita litigar con la libertad de obtener las respuestas que buscan. “Lo único que pedimos es que se nos permita hacer nuestro trabajo y que la justicia siga su curso, como lo establece la ley”, concluyó Riquelme.