Milei denuncia ante justicia que audio filtrado de su hermana es una "operación de inteligencia ilegal"

Según detallo el vocero presidencial, Manuel Adorni, "se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo”.

01-09-2025

El Gobierno de Javier Milei denunció ante la Justicia Federal una “operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”. La presentación se da tras la filtración de audios atribuidos a Karina Milei y otros funcionarios, en medio de acusaciones de presuntos pedidos de coimas.


Según el vocero presidencial Manuel Adorni, “se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo”. El mensaje fue publicado en la red social X como confirmación oficial de la denuncia en Comodoro Py.


Las grabaciones al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, detonaron una crisis interna en La Libertad Avanza que aún no logra contenerse. La filtración ocurre a días de la elección legislativa de Buenos Aires, programada para el 7 de septiembre, y de las nacionales, el 26 de octubre.


Entre los señalados por el Gobierno como responsables de la difusión figuran el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi. La Justicia ordenó allanamientos en sus domicilios y en el medio digital Carnaval Stream.


Para la Casa Rosada, “no se trata de una filtración casual, sino de un ataque planificado que apunta directamente al núcleo de la democracia argentina”. El Gobierno citó la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe el espionaje político y pidió medidas cautelares urgentes para frenar nuevas filtraciones.


Este lunes, la Justicia ordenó el “cese inmediato” de la difusión de los audios grabados en la Casa Rosada y atribuidos a Karina Milei. El Gobierno celebró la resolución, considerándola un reconocimiento a una “violación grave a la privacidad institucional”.