Fiscal Nacional aborda vínculos de diputado republicano en trama bielorrusa: “Uno sabe cómo empiezan las investigaciones, pero no cómo terminan”
En medio de la polémica por los chats entre Guerra y Vivanco, Ángel Valencia aseguró que la Fiscalía no busca perjudicar a nadie y que su actuar responde solo al mandato de aplicar la ley. “No queremos joder a nadie”, señaló.
El Fiscal Nacional Ángel Valencia visitó Turno AM en la antesala de cumplir tres años al mando del Ministerio Público. En la entrevista, repasó su gestión frente al Tren de Aragua, la reorganización interna de la Fiscalía y los casos de alta connotación pública, como SQM y la desaparición de Julia Chuñil. En ese contexto, recordó que “nosotros ya sabíamos que había algo, lo que hicimos fue visibilizarlo” y que al asumir se comprometió a hacerse cargo de estas amenazas criminales.
De bielorrusa a republicanos
Su presencia en el programa coincidió con una nueva revelación de CIPER sobre la trama bielorrusa, que involucra a varios jueces de la Corte Suprema, entre ellos Ángela Vivanco y Antonio Ulloa, por delitos de cohecho, negligencia, entre otros. El medio accedió a escuchas telefónicas del OS7 de Carabineros que muestran al conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, empecinado en salvar al entonces juez Antonio Ulloa de la acusación constitucional que enfrentaba en la Cámara de Diputados y que terminó sacándolo del Poder Judicial.
Según esas llamadas, interceptadas meses antes, Yáber habría desplegado gestiones políticas que incluyeron al diputado republicano Cristián Araya, jefe de bancada y candidato a la reelección por el distrito 11. En una conversación “pinchada”, Yáber aseguró que le había entregado $1,7 millones a Araya; su interlocutor se rió y dijo que el monto era “la comisión”, sin que quedara claro a qué correspondía ese dinero ni su finalidad.
Las escuchas también muestran que Yáber habría buscado amarrar apoyo para Ulloa. En otra llamada, comentó a su esposa que quería pedirle al diputado que la bancada se alineara: “Va a ir, estamos en campaña, pero hace rato que yo me había comprometido (…). Pero no va por eso, lo cité porque necesito amarrarlo con el tema de nuestro amigo [Ulloa], pa’ que la bancada se ponga”. Araya, finalmente, votó en contra del exjuez en la acusación constitucional.
Consultado en Turno AM por la arista bielorrusa, Valencia recalcó los límites de lo que puede comentar, que “eso es un trascendido de prensa, yo no puedo confirmarla ni negarla”. Señaló que “uno sabe cómo empiezan las investigaciones, pero no sabe cómo terminan”, aunque subrayó que a la Fiscalía le corresponde perseguir delitos, no conductas “éticamente reprochables”. No obstante, sobre la presunta implicación de jueces en el caso, dijo que “es muy lamentable, pero pareciera que es la verdad”.
Respecto a los chats revelados por T13 entre el ex fiscal Manuel Guerra y la ex ministra Ángela Vivanco, donde él advierte “nos quieren joder”, haciendo referencia a Fiscalía, Valencia aclaró que “no queremos joder a nadie. Nuestro rol es a veces frío como un candado de jardín, es velar por la aplicación de la ley. Eso hace que seamos impopulares, porque cuando las emociones de la ciudadanía quisieran que nos desahogamos con ellos de una manera diferente”. Cerró diciendo que “lo que nos corresponde a nosotros es la aplicación de la ley. No es personal”.
El fantasma de SQM
La cabeza del Ministerio Público también abordó otros temas, como la reciente absolución de todos los imputados del caso SQM. Consultado si se sentía conforme con los resultados, Valencia zanjó rápidamente que “no po’, si perdimos”, recalcando de igual forma que “pese a todo lo que ha ocurrido en los medios, todavía es una causa pendiente, todavía podría revertirse en tribunales superiores. Vamos cuesta arriba”.
Explicó que parte de la controversia surge de los criterios utilizados por el Servicio de Impuestos Internos para decidir a quién denunciar y a quién no. Por lo mismo, reiteró una crítica que, según él, se ha planteado más de una vez y por más de un fiscal:“Debería el Ministerio Público tener autonomía también para perseguir los delitos tributarios, y no depender del poder Ejecutivo, porque sino te pasan estas cosas”.
Aunque SQM es la arista más mediática, Valencia recordó que forma parte del “gran caso Penta”, donde sí hubo condenas en otros frentes. Agregó que “siempre se puede trabajar mejor”, pero que los resultados judiciales dependen de múltiples factores externos al Ministerio Público, incluida la aplicación de reformas legales recientes.
“Lo que pasa es que terminamos en el juicio oral, que era el más importante, y que vamos de esta manera, perdiendo”, acotó.
La complicaciones del caso Chuñil
Valencia también ahondó en la desaparición de la mujer mapuche Julia Chuñil, indicando que es una causa particularmente compleja en la que se han desplegado todos los recursos disponibles. Sumado a él, recordó que existen otros dos casos sin resolución, pese a los esfuerzos de Fiscalía: el de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, y María Elcira, mujer de 86 años desaparecido hace año y medio.
“Tenemos tres desapariciones de mujeres que han sido muy conocidas, que ha habido mucho interés de parte de la opinión pública, en la que hemos destinado todos los medios que tenemos de la mejor manera que podemos y lamentablemente no hemos podido encontrar a ninguna de las tres”, lamentó.
Ante el escenario y las críticas surgidas, Valencia mandó un mensaje: “Lo que más entorpece son las especulaciones en torno al contenido de la investigación, porque lo que ocurre es que te empieza a generar un ambiente en torno a lo que efectivamente habría ocurrido, y que, si nosotros decimos que no está suficientemente establecido, parece que no quisiéramos contribuir al esclarecimiento de los hechos o a la verdad. Eso no ayuda nada”.
El persecutor explicó que la ruralidad en algunos casos dificulta la investigación, debido a la ausencia de registros digitales que en zonas urbanas permiten reconstruir trayectorias. Sin embargo, afirmó que en el caso de Chuñil “sí es más o menos claro que no haya tenido un accidente”.
Presupuesto pendiente
Un punto importante para el Ministerio es el Presupuesto 2026. Valencia recordó que la Fiscalía no cuenta con autonomía financiera y depende del Ejecutivo y el Congreso. Indicó que el proyecto de presupuesto del próximo año es “austero”, dado que no se aprobaron los fondos solicitados para inversión ni los recursos destinados a la protección de víctimas, fiscales y funcionarios, lo que genera preocupación institucional.
Pese a lo dicho, afirmó que “con lo que se propone podemos funcionar”, pero que “lo que más nos preocupa en el marco presupuestario es el problema de la Ley de Fortalecimiento”, refiriéndose a la brecha estructural de personal que enfrenta el Ministerio Público. Detalló que “en Chile tenemos un equivalente de 3,7 fiscales por cada mil habitantes. En Suecia tienen 10. El promedio asiático y africano es como de 6. Eso significa que la cantidad de fiscales que tenemos para enfrentar el trabajo es muy pequeña. Impacta no solo en un tema de la carga de trabajo, sino que en la capacidad que tenemos de destinar más fiscales a la tarea cotidiana”.
En esa línea, también destacó que la actual política de persecución penal se elaboró con participación ciudadana y reveló que los delitos más sensibles para la población son la violencia intrafamiliar, la violencia contra mujeres y los delitos sexuales. “Esa categoría de delitos tienen penas bien bajas, entonces si uno fijara fríamente las prioridades de la Fiscalía deberíamos ir por los delitos más graves, los que tienen penas más altas (...) Para eso necesitamos más gente”.
El arrepentimiento del fiscal
En el balance de su gestión, Valencia afirmó sentirse conforme con algunos de los cambios impulsados al interior del Ministerio Público. “Contento con que hayamos creado los equipos ECO. Con todo el apoyo técnico para que surgiera la fiscalía supraterritorial” y, particularmente, por “darle nueva energía a la fiscalía”.
Al ser consultado por su principal error, el Fiscal Nacional no dudó en mencionar el episodio del café con el abogado Luis Hermosilla y el ex ministro Andrés Chadwick, ambos imputados en el caso Audio. Sobre ese encuentro, afirmó: “No debería haberme tomado ese café (...) Aunque no haya cometido falta de ético o legalidad alguna, pero no debería haberlo hecho”.
Valencia también respondió si es adecuado que un fiscal mantenga vínculos con figuras como Chadwick. Explicó que “venir de afuera tiene ventajas y desventajas. Las desventajas que has conocido muchas personas y eso implica que cuando trabajes, claro, alguien podría pensar en un grado de amistad, cercanía, conflicto de interés”.
El abogado dijo confiar en que “nos miran por los resultados, más que por los prejuicios” y que le “parecía necesario que alguien viniera de afuera para que no tuviera conflictos de interés con las redes internas, para poder sacar la institución del pantano que se encontraba”.
/ por Álvaro Ortiz.