Dorothy Pérez asegura que Contraloría irá tras personas con “alto nivel” económico que reciben ayudas estatales

Este miércoles, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, anunció que la fiscalización del uso de beneficios sociales será el eje principal de la Contraloría durante el próximo año. La autoridad explicó que el organismo buscará garantizar que la ayuda estatal llegue a quienes realmente la necesitan y no a personas con altos ingresos. El anuncio fue realizado en el seminario “Empleo público: el Estado en su laberinto”, organizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP).

En la misma instancia, Pérez aseguró que esta será la prioridad del ente fiscalizador. “Nosotros estamos revisando mucho la entrega de los beneficios porque queremos cerciorarnos que los recursos efectivamente vayan a las personas más vulnerables”, señaló. La contralora agregó que se trata de un problema más extendido de lo que parece: “Hay una cantidad muy importante de beneficios que se entregan a personas que, cuando uno va a revisar, tienen condiciones económicas de muy alto nivel”.

Marcel reconoce abuso de beneficios

La preocupación sobre el mal uso de los beneficios estatales ya había sido mencionada por el ex ministro de Hacienda, Mario Marcel. En un conversatorio en la Universidad de los Andes, el economista destacó: “Hay temas ligados al fraude social, que es el abuso de ciertos beneficios sociales por ciertas personas que no lo necesitan, que me parecen bastante prometedores, sobre todo a medida que va evolucionando la tecnología”.

Marcel insistió en que el Estado cuenta con herramientas para combatir este problema. En concreto, aseguró que “tiene un conjunto de bases gigantes de datos, puede cruzar datos e identificar casos de abuso”. Sus declaraciones marcaron una línea de continuidad con lo que ahora proyecta la Contraloría bajo la conducción de Pérez, quien busca intensificar el control sobre la entrega de ayudas sociales a partir del próximo año.

“Poca gente quiere asumir costos”

En su presentación, Dorothy Pérez recordó que el organismo que dirige ya realiza un intenso trabajo en fiscalización y que “hicimos 800 auditorías el año pasado y muchas más fiscalizaciones más pequeñas. Las auditorías son procesos de revisión más complejas, más profundos”. La contralora advirtió que no solo se trata de fraudes evidentes, sino también de irregularidades menos visibles que requieren mayor control.

“¿Cuántas cosas son evidentes para todos? (...) no lo sé para la ciudadanía, pero para la Contraloría son evidentes, son cosas que tienen que cumplirse, están ahí las normas”, expresó Pérez. A juicio de la autoridad, el rol de los funcionarios y, sobre todo, de las jefaturas es clave para que el sistema funcione correctamente: “¿Cómo no iba a haber un funcionario que se diera cuenta de eso y presionara lo suficiente para poder conseguir mejoras?”.

Respecto a los casos menos visibles, Pérez adelantó que su institución está trabajando en reforzar los cruces de información con bases de datos. “No necesitamos aquí ningún cambio normativo. Necesitamos más gente para verificarlo, pero como más gente no vamos a tener, estamos trabajando con bases de datos para poder hacerlo”, admitió.

Finalmente, la contralora destacó la importancia del control jerárquico en el sector público. “Ahí está lo evidente y lo no. Pero ambas cosas, conectándolo con el tema del empleo público, es que los funcionarios y sobre todo que las jefaturas hagamos lo que tenemos que hacer”, dijo. También advirtió que las decisiones de control tienen costos políticos, pero que el verdadero problema es que “poca gente quiere asumir los costos”.