¿Dónde están?: El día a día de quienes buscan a los desaparecidos

El ascensor se detiene en el tercer piso de Agustinas 1235 y al abrirse se despliega una amplía muralla. Hay dibujos de niños en la pared, de los hijos de los funcionarios que trabajan ahí, ya que celebraban el Mes de la Niñez. A primera vista, nadie te recibe y no hay dónde sentarse. Sin embargo, en portería decía claramente que ahí estaba el Programa de Derechos Humanos, órgano ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda.

Al mirar alrededor no hay mucho que ver, así que las opciones por donde ir se reducen a 3 puertas. Detrás de cada una se despliegan pequeñas áreas de trabajo: el Área Jurídica a la izquierda, donde también está Archivos e Investigación; al frente de ella, pero al otro extremo, el Área de Búsquedas y Trayectorias; y a un costado pero mirando hacia los ascensores, el Área Social. 

El Programa de Derechos Humanos existe desde 1997, como continuidad de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, mientras que el Plan Nacional de Búsqueda fue anunciado en 2022 y creado en septiembre de 2023 por decreto supremo del presidente Gabriel Boric. Se trata de la primera política pública permanente destinada a esclarecer el destino de los detenidos desaparecidos de la dictadura en Chile, tras más de 50 años del Golpe de Estado.

“Ha sido un avance histórico”, afirma la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, en entrevista con Turno PM. Desde su puesta en marcha hace 2 años, el Plan ha comenzado a mostrar sus primeros resultados: la elaboración de la primera nómina oficial con 1.469 víctimas, el desarrollo de un mapa de trayectorias que reconstruye los recorridos conocidos de cada persona, más de un centenar de diligencias en terreno y la entrega de 400 carpetas físicas de calificación a los familiares.

Pero para Quintanilla, lo que ha hecho la iniciativa va más allá de las cifras. “Cada acto de entrega de información y cada diligencia son un reconocimiento del Estado de que la desaparición forzada fue una política sistemática y que existe una deuda que avanzamos en saldar”.

Pese a los avances, desde la creación de la Mesa Técnica de Archivos y del Archivo Nacional de la Memoria, persiste el peso de esa deuda histórica. “El Estado llegó tarde”, reconoce la subsecretaria. “Pasaron más de 30 años desde el retorno a la democracia antes de que se estableciera una política pública permanente para la búsqueda de las personas desaparecidas. Durante ese tiempo se pudo haber perdido información valiosa y se agudizó el sufrimiento de las familias, que han debido sostener esta búsqueda de manera incansable”, señala. 

“El desafío ahora es sostener la confianza, porque las familias no pueden volver a quedarse solas en su búsqueda”, remata Quintanilla.

Los rostros invisibles del Plan 

“Cuando el presidente anuncia en la Cuenta Pública la creación de un Plan Nacional de Búsqueda, nos reunimos de manera inmediata junto con el gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos para ver cómo podíamos llevarlo a cabo y cuáles tenía que hacer los principales ejes de trabajo. Nosotros ya veníamos trabajando en diversas propuestas que habían surgido de los mismos equipos”, cuenta Paulina Zamorano desde el interior de su oficina en el Área Jurídica.

Ella trabaja allí hace 13 años, comenzó como abogada litigante en causas de víctimas de desaparición forzada y, desde que el mandatario anunció la creación de la iniciativa, es la jefa del Programa de Derechos Humanos. “No tengo ningún vínculo familiar ni personal, pero sí un compromiso férreo con la defensa y promoción de los derechos humanos”, aclara.

Describe que “todas las semanas estamos en terreno, con equipos distintos según la diligencia. Si usamos dron o sistema de escaneo LiDAR —que permite detectar anomalías en el terreno—, va el equipo especialista, acompañado por búsqueda. Si es excavación, la hace el Servicio Médico Legal, si asisten familiares va el área psicosocial y, si corresponde, alguien del equipo jurídico. Tenemos un calendario hasta fin de año con órdenes de distintos ministros en visita”.

Todo se articula a través del Comité de Seguimiento, que permitió levantar por primera vez en la historia un registro oficial de agrupaciones de familiares, organizaciones y sitios de memoria vinculados a la búsqueda de verdad y justicia. Convocado en diciembre de 2023, el registro busca mantenerse abierto de forma permanente.

“Una cosa es el Comité, que cumple un rol de seguimiento de la política pública, y otra es el trabajo diario con las familias”, explican desde el Programa. Ese trabajo cotidiano se organiza en mesas donde se definen acciones concretas como qué querellas presentar, qué causas reabrir y cómo acompañar cada proceso. “Así ocurrió con la reapertura en Río Mapocho o con la querella presentada hace dos semanas por 71 víctimas en Concepción”, ejemplifica Zamorano.

Las diligencias en terreno son la otra cara del trabajo. Antes de cada operativo se coordinan instituciones como el Poder Judicial, la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio Médico Legal (SML), Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el Ministerio de Obras Públicas (MOP) o el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud de Chile (PRAIS). No se trata solo de la ejecución técnica: también se organizan traslados, alojamiento y apoyo psicosocial para que las familias puedan estar presentes.

Mientras Paulina profundiza sobre estos procesos, Magdalena Núñez entra y pide disculpas por interrumpir. Señala que ella es “coordinadora del Área de Búsqueda y Trayectoria, creada para la ejecución del Plan. Somos un equipo interdisciplinario. Realizamos investigación extrajudicial sobre posibles sitios de inhumación y exhumación; reconstruimos las trayectorias de las víctimas: detención, paso por recintos y destino final, incluyendo ejecución y disposición de cuerpos”.

Sobre su historia, recuerda que “trabajé en el Programa de Derechos Humanos hace muchos años como abogada querellante, representando a familiares de víctimas de desaparición forzada, ejecuciones y también a ex prisioneros y prisioneras políticas. Además, trabajé con organizaciones de la sociedad civil vinculadas al mundo de los derechos humanos”.

Dice que no había nacido en 1973, pues llegó al mundo en diciembre de ese año, y que en 1975 tenía apenas un año. Relata que su abuelo fue detenido el mismo 11 de septiembre de 1973 y sobrevivió; que la hermana de su padre fue apresada el 10 de diciembre de 1974, llevada primero a Villa Grimaldi y luego a Cuatro Álamos y Tres Álamos. También dice que un primo de su madre, Hugo Martínez González, fue ejecutado el 13 de enero de 1975 y que en 1985 asesinaron al padre de unos primos de sus hermanos. Su abuelo era dirigente sindical y varios de sus tíos militaban en el MIR.

Magdalena, al igual que Paulina Zamorano, mantiene un vínculo de muchos años con algunas familias, mientras que a otras las ha ido conociendo en el desarrollo del Plan. Admite que la relación es distinta en cada caso, pues “por supuesto no conocía a todas y cada una de las agrupaciones”, pero resalta que el trabajo conjunto ha permitido construir confianza y abrir nuevos espacios de colaboración.

“En general, hay expectativas, pero también ansiedad, porque el paso del tiempo ha generado desconfianza y mucha inquietud por la falta de resultados. Por lo mismo, efectivamente existe la necesidad de obtener resultados de distinto tipo, no necesariamente hallazgos de cuerpos”, relata sobre el clima que atraviesan las familias, donde cada gesto de avance puede ser tan significativo como el hallazgo mismo.

En esa línea, la coordinadora del Área de Búsqueda reconoce que hubo un trabajo sistemático para impedir que los desaparecidos fueran encontrados. “Existió la Operación Retiro de Televisores, con restos exhumados y hechos desaparecer. Por eso hoy se exige verdad y que la búsqueda avance, incluso cuando se trata de descartar sitios. Es una relación buena la del Programa con el Plan, pero crítica, porque hay una deuda del Estado”, destaca.

“- ¿De alguna manera eso le ha motivado a usted a ser la profesional que es hoy?

- Por supuesto, sí”. 

Magdalena reflexiona sobre su profesión y enfatiza en que “el trabajo de quienes son abogados y abogadas de derechos humanos, y de otras personas que han estado en la defensa de estos casos, ha sido también un trabajo de crecimiento y hasta de envejecimiento compartido. Por lo tanto, hay un camino recorrido. No es un vínculo que se haya generado de un día para otro…”. 

Por su lado, Paulina complementa: “No fue algo espontáneo con la creación del Plan, y es por eso que también se tuvo la visión de que el Programa estuviera a cargo, justamente por la relación que mantiene con las agrupaciones y con los familiares”.

Recuperar las confianzas

“Yo soy Flor Lazo Maldonado. Soy hija de Samuel Lazo Quintero, hermana de Samuel Lazo Maldonado y hermana de Rodolfo Lazo Maldonado, todos detenidos desaparecidos el día 16 de octubre de 1973. Ellos fueron asesinados en la quebrada de Los Quillayes, en Litueche”, dice por teléfono la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine. Tenía 10 años cuando ocurrió el Golpe de Estado.

“Esa noche nadie durmió. Quedamos impactados por el susto, por el miedo. Al día siguiente salimos a buscarlos”, retrata Flor. Sin embargo, no volvió a tener noticias de los hombres que fueron sacados de su casa hasta 38 años después. “En la quebrada de Los Quillayes, en Litueche, se comprobó que Andrés Magaña Bau, con 10 soldados, había asesinado a 24 campesinos de Paine”. Entre ellos, su padre y sus hermanos.

“-¿Encontraron los cuerpos?

-No. Mandaron a los mismos soldados a sacar los restos. El ministro encontró algunas partes que quedaron. A nosotros nos entregaron, por ejemplo, ropa de mi papá, pero nunca su cuerpo. De mis hermanos, uno fue identificado, pero del otro nunca encontramos nada. Treinta y ocho años después… demasiado tiempo. Nos criamos con un daño terrible, un vacío que se transmitió a mis hijos, a mis sobrinos”.

Flor, al igual que muchos, fue marcada por la historia desde pequeña. A más de 50 años de lo ocurrido, y siendo la primera vez que el Estado se involucra directamente en la búsqueda, aún le resulta difícil hablar de confianza plena. Reconoce avances y valora que exista un Plan Nacional de Búsqueda, pero insiste en que el tiempo perdido no se recupera. 

“Yo me acuerdo que cuando volvió la democracia abracé a mi mamá y le dije ‘por fin vamos a saber’. Pero pasó demasiado tiempo. Se negociaron muchas cosas. La justicia se demoró tanto. A lo mejor hubiéramos sanado antes”, comparte. Flor pidió disculpas en reiteradas ocasiones durante la llamada, a veces se le quebraba la voz. Su madre falleció en 2021, pero “ella no vio la justicia. Cuando se condenó a los asesinos, ya no estaba”.

“Nunca se cumplirán las expectativas por completo”, admite Paulina Zamorano. “El Plan es obligación del Estado de buscar y esclarecer. Llega 30 años tarde. Hay impunidad biológica: el tiempo borra huellas y mueren responsables, testigos y familiares. La dictadura hizo desaparecer cuerpos de forma sistemática: Retiro de Televisores, hornos de Lonquén, lanzamientos al mar. Por eso la estrategia combina verdad, cualquier vestigio, y acompañamiento psicosocial para mitigar revictimización”, detalla la jefa del Programa.

En ese acompañamiento aparece el trabajo silencioso del Área Social. Andrea Leonhardt, su coordinadora, lo describe como un ejercicio cotidiano de sostener memorias rotas. “Uno trabaja con el dolor de las personas todos los días. Trato de empatizar, dar claridad y mostrar que el Estado escucha y se hace responsable. Con las conmemoraciones y la entrega de carpetas de calificación el dolor se intensifica, porque ahí aparecen protocolos de autopsia, fotos, relatos”, reflexiona en conversación con Turno PM.

La trabajadora social del Programa identifica que todas las agrupaciones de familiares son distintas, que “en algunas regiones hay fraternidad y alegría aunque no se encuentre nada, como en Tocopilla”, mientras que “en otras, hay más crítica y tensión hacia el Estado, pero de igual forma se logra convivencia”.

La relación entre familiares y el Servicio Médico Legal, por ejemplo, es una de las más dañadas. Décadas de errores en pericias y de desconfianza acumulada hacen que cualquier acercamiento sea difícil. “Hay una desconfianza aprendida por la historia. El Plan involucra al Estado de otra manera y se han sumado instituciones valoradas, como el MOP o el SML en determinadas labores. Aun así, la relación institucional tiene aciertos y desaciertos. Nos dijeron que a veces los equipos no comprenden el contexto y hubo comentarios desafortunados”, relaciona Magdalena Núñez al respecto.

Haciendo a un lado las dudas, Leonhardt de todas maneras rescata que, pese a que no se han encontrado cuerpos, “es la primera vez que el Estado se hace cargo de una política pública de búsqueda, verdad y justicia. Eso genera reparación”.

El miedo a que se acabe el programa

“La esperanza siempre está. No vamos a tener paz hasta sepultar aunque sea los huesos de nuestros familiares. Hoy no tenemos dónde llevar una flor. Vamos al memorial en el cementerio de Paine, pero en muchos casos lo único que hay es ropa”, asegura Flor Lazo.

A 6 meses de que termine el gobierno que ha impulsado este proyecto, el miedo comienza a instalarse en la retina de quienes aún buscan respuestas. El desarrollo del Plan Nacional de Búsqueda ha dado pequeños pasos en 2 años, pero los ha dado, y ese avance se percibe frágil frente a un eventual cambio político.

Andrea Leonhardt reconoce que ese temor es real, “sobre todo si gana la extrema derecha. Por eso los familiares piden que el plan quede amarrado a una ley, aunque hoy no hay condiciones en el Congreso para eso”.

Asimismo, Paulina Zamorano añade que “probablemente el primer año el presupuesto esté asignado. La duda es la continuidad. Ampararse en órdenes judiciales ayuda: si un tribunal ordena diligencias, el Estado debe concurrir”.

Al respecto, la subsecretaría Quintanilla zanja que “el marco legal ya establece un mandato que el Estado no puede dejar de cumplir: la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas. La Subsecretaría de Derechos Humanos, a través del Programa de Derechos Humanos, tiene el mandato legal de avanzar en esta tarea, definiendo estrategias, coordinando esfuerzos y asegurando que se respeten los estándares nacionales e internacionales”.

Quintanilla finalmente cierra con que “por supuesto que trabajamos contra el tiempo. Las familias han esperado más de 50 años y somos conscientes de que la información y los testimonios se van perdiendo. Pero esa urgencia no nos paraliza, al contrario, nos impulsa a actuar con más decisión y a consolidar una política de Estado que no se detenga hasta que se conozca la verdad”.