Decano de Ciencias Económicas UV dice que acuerdo SQM-Codelco es como “un matrimonio por conveniencia”

El debate público por el acuerdo SQM-Codelco para la explotación del litio en el Salar de Atacama continúa en una de sus semanas clave. Este lunes, en su primera sesión el directorio de Nova Andino Litio, resolvió por unanimidad nombrar al presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, como presidente de la sociedad conjunta y al gerente general de SQM, Ricardo Ramos, como vicepresidente. Las definiciones se dieron en la ceremonia oficial de constitución de la empresa.

En ese contexto, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso, Diego del Barrio, explicó en Turno AM los alcances del convenio y las controversias sobre su diseño. “Este es un tema que ha estado en la palestra durante los últimos tres años, desde que el Estado chileno asume la llamada Estrategia Nacional del Litio y comienza a buscar socios estratégicos para ejecutarla”, señaló.

El riesgo de un solo informe

Del Barrio abordó la comparación del acuerdo con la chilenización del cobre y marcó distancia de esa lectura. “No se puede hablar propiamente de una nacionalización, porque esto es una alianza público-privada, en este caso con SQM”, afirmó. Para describir el formato, añadió que lo ve como un “matrimonio por conveniencia”, en referencia a la asociación entre el Estado y un socio estratégico.

En la entrevista, el decano sostuvo que el debate no está centrado en los retornos del negocio, sino en su construcción. “Es cierto que el acuerdo va a generar utilidades importantes para el país, eso no está en discusión”, indicó, pero que “lo que está en discusión es cómo se llegó a este acuerdo entre SQM, Codelco y Corfo”.

El académico explicó el rol de Corfo en la propiedad de los yacimientos y el marco contractual vigente, señalando que los yacimientos pertenecen a la empresa y que se entregan “en concesión o arriendo para su explotación”. En ese contexto, recordó que SQM tenía contrato hasta 2030, pero que con la nueva alianza junto a Codelco “se extiende la explotación hasta el año 2060”.

Al detallar los riesgos, Del Barrio afirmó que “el mayor riesgo es que se haya confiado excesivamente en un solo informe, que es el de Morgan Stanley”. Explicó que, desde la teoría económica, “basar una decisión de esta magnitud en un único informe genera sesgos, porque no se consideran todas las aristas posibles”, y vinculó ese punto con el diseño del proceso.

En la misma línea, subrayó que el acuerdo se concretó mediante trato directo. “Esto fue un trato directo, no hubo licitación”, señaló, y agregó que por esa vía se abren cuestionamientos sobre el procedimiento. “Muchas de las zonas grises que hoy aparecen tienen que ver con cómo el Estado chileno llegó a este acuerdo entre SQM y Codelco”, afirmó durante la conversación.

Del Barrio sostuvo que la decisión se adoptó sin los parámetros habituales de una definición de gran escala. “La decisión se tomó sin pasar por todos los parámetros habituales de una decisión económica y política de esta magnitud”, indicó, y afirmó que ese punto “genera dudas y resquemores”, en alusión a la discusión pública sobre la legitimidad del diseño y sus antecedentes.

Asimismo, el decano destacó un elemento técnico a favor de la operación. Señaló que SQM “es uno de los grandes productores de litio a nivel mundial y tiene el know-how necesario para seguir explotando y mejorando los procesos de extracción”. Aun así, reiteró que “el problema central es la confianza en el diseño del negocio”, por el peso que tuvo el informe de Morgan Stanley.

“Respaldar una decisión tomada”

Sobre la revisión institucional, Del Barrio explicó que la Contraloría General de la República ha hecho dos cosas en paralelo. Primero, “tomó razón de los contratos entre Corfo, SQM y Codelco”, lo que permite que el acuerdo avance “pero con ciertas condiciones”. En paralelo, indicó que “decidió abrir una auditoría para revisar cómo se estructuró el acuerdo” y su arquitectura administrativa.

El académico precisó que “la Contraloría no entra a juzgar el mérito del negocio porque existen fallos judiciales previos que validan su base legal”, pero sí revisa elementos como “la creación de la filial, los contratos, las asesorías, incluyendo el caso de Morgan Stanley”. Añadió que también se consideró Minera Tarar, donde Contraloría observó que la creación “debió haber pasado por control previo”.

Respecto del estado del trámite, Del Barrio señaló: “Está en toma de razón”, y advirtió que “si eventualmente la Contraloría decidiera no tomar razón, el acuerdo no existiría jurídicamente”. También recordó que el convenio es retroactivo y que comienza a regir desde el 1 de enero de 2025, lo que incorpora un período ya considerado en su aplicación.

Al abordar el debate por Morgan Stanley, el decano explicó que el informe “fue la base técnica que ocuparon para negociar con SQM”, y que la decisión buscó, en parte, “sacar el tema político de encima”. Sin embargo, advirtió que, cuando un solo documento se transforma en el argumento excluyente, “se reemplaza la deliberación pública y el control institucional por la opinión de un solo actor”.

Finalmente, al analizar antecedentes citados por Máximo Pacheco sobre un informe elaborado por Claudio Bonilla y Francisco Marcel, Del Barrio sostuvo que “como todo informe, también busca respaldar una decisión ya tomada” y que la discusión sobre cifras requiere revisión detallada del documento. En ese marco, reiteró que existen alternativas de evaluación y mecanismos como licitación, mencionando además el reclamo de Tianqi por no haber participado ante la ausencia de un proceso competitivo.