"El último acto, la justicia (es que ese no podía ser su final)": La columna de Tania García Villanueva

Dos días tardó en estallar la bomba instalada debajo del Fiat 125 en el barrio de Palermo, Buenos Aires, con dos personas dentro. Murieron al instante y se transformó en el primer magnicidio internacional de la dictadura de Augusto Pinochet.

Treinta y seis años se demoraron en dictar la sentencia definitiva que entregó los nombres de los autores de ambos asesinatos.

Treinta años de prisión —quince por cada una de las personas asesinadas— fue el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago para uno de los autores.

Quince años y un día de prisión cumplió tras el dictamen de la Corte Suprema. Se unieron las penas y esta dejó quince años efectivos en total por los dos asesinatos.

Las víctimas: Sofía Cuthbert Chiarleoni y Carlos Prats González. El victimario: José Octavio Zara Holger, exbrigadier del Ejército y exintegrante de la DINA —uno de los nueve imputados—, condenado como autor de los homicidios y de asociación ilícita. Cumplió su condena y quedó en libertad, aunque por muy poco.

Cuarenta y dos horas alcanzó a estar libre y volvió a ser detenido, esta vez para cumplir la medida cautelar de prisión preventiva por otro homicidio: el de Ronni Moffitt.

Desde los años setenta no querían relacionar los casos Prats-Cuthbert y Letelier-Moffitt. Los presentaban como hechos aislados. Querían presentarlos así. Pero, cuando se utiliza de manera sistemática la violencia del aparato estatal con el mismo modus operandi, no hay justificación que alcance ni burocracia a la que no se le tenga paciencia, para comprobar que fueron parte de una misma operación.

A Zara Holger y a la DINA no les bastó con hacer explotar un auto en 1974. Dos años después hicieron lo mismo con el vehículo que trasladaba en Washington a Orlando Letelier, a su secretaria Ronni Moffitt y a su esposo Michael Moffitt.

Cuarenta y ocho años del asesinato de Orlando y Ronni, y ¿acaso vuelve la esperanza de que los responsables paguen?

Cincuenta años del asesinato de Sofía y Carlos, y sus hijas —Sofía, Angélica y Cecilia— publicaron el libro Lo que tarde la justicia. El caso Prats-Cuthbert. Un texto que, mientras relata (casi como un diario personal) los detalles de la vida de la familia a partir de septiembre de 1974, presenta lo que vivieron en dictadura y los casos que se cruzaron con el de ellas, como el atentado al excanciller Letelier a pocos metros de la Embajada de Chile en EE.UU., y cómo vivieron los arduos años hasta agosto de 2012, tras terminar el proceso judicial penal y el juicio civil en la búsqueda de justicia.

El libro es detallado, crudo y emotivo al mismo tiempo, con momentos memorables y hermosos, como cuando conocieron por coincidencia a Humberto Maturana en un avión; la relación personal insospechada que tuvieron con la hija de Mariana Callejas —y, en consecuencia, con Michael Townley, quien instaló y activó la bomba del Fiat 125—; o la familiaridad que tenían ante la cara de Zara Holger, porque, oh sorpresa, en su juventud iba a la casa de los Prats-Cuthbert a compartir cuando ellas eran adolescentes: «y en ese momento (mientras investigaban el caso) no teníamos la menor idea de que había sido agente de la DINA y participado directamente en el crimen de nuestros padres».

A veces pienso que se ha manoseado la palabra justicia, sobre todo hoy que, a diario, se intenta que olvidemos y quitemos gravedad a la maldad cuando esta viene de procesos políticos. Sin embargo, su definición es simple: “valor moral y principio que se basa en dar a cada persona lo que le corresponde, actuando con equidad, razón y verdad para alcanzar el bien común”.

Este libro muestra justamente cómo, a partir de una insistencia que sólo puede nacer de las ansias de hijas que necesitan entender qué pasó y quién lo hizo, lograron superar el statu quo y la postergación de la acción de la justicia, resquebrajando incluso los pactos de silencio.