"Alcalde Desbordes: menos conspiraciones, más respuestas": La columna de Felipe Muñoz

Cuando el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, declara que “la delincuencia en Santiago terminó instalándose por obra y gracia de las políticas del Partido Comunista”, no solo miente. Renuncia también a ejercer su cargo con responsabilidad.

Prefiere la guerra ideológica más burda, antes que enfrentar los problemas reales de la comuna que gobierna. En lugar de soluciones, opta por la criminalización de estudiantes que protestan frente al abandono.

Como estudiantes secundarios de las Juventudes Comunistas reivindicamos la lucha de las y los secundarios de los liceos emblemáticos —Instituto Nacional, Javiera Carrera, Barros Borgoño, Aplicación, Confederación Suiza e Isaura Dinator— que hoy se movilizan por lo mínimo: infraestructura segura, baños que funcionen, recursos pedagógicos, atención a la salud mental. La respuesta del alcalde ha sido clara: represión, desprecio y burla.

Lo más grave es que los estudiantes han mostrado más vocación de diálogo que la propia autoridad. Mientras ellos debaten, levantan petitorios y actúan con sentido colectivo, el alcalde responde con amenazas, caricaturas y frases de matinal. ¿Qué tipo de liderazgo llama “sicarios de la educación” a jóvenes que exigen dignidad?

Esa frase no fue un error. Fue una estrategia. Desbordes quiere sembrar miedo, asociar organización con violencia, borrar el conflicto social bajo el lenguaje de la delincuencia. Pero no le resulta. Los estudiantes no se rinden. Y Chile ya no compra tan fácil ese libreto.

Ahora va más allá: acusa sin pruebas que las movilizaciones estarían “financiadas por adultos” y que en el Instituto Nacional existiría un “núcleo duro” de dirección política.

Los secundarios comunistas no solo apoyamos las movilizaciones estudiantiles: las acompañamos, las marchamos y las empujamos desde abajo, codo a codo con nuestros compañeros que hoy exigen dignidad en sus liceos.

No dirigimos ni manipulamos nada. Lo que hacemos —y seguiremos haciendo— es estar presentes donde la injusticia golpea, organizarnos con las y los estudiantes, y contribuir a que sus demandas se escuchen con fuerza. Porque cuando la educación pública se cae a pedazos, la organización no es un crimen: es un deber.

Mientras el alcalde inventa conspiraciones, los techos se caen, los baños siguen clausurados y las salas no están en condiciones para aprender.

Porque para él, el problema no es la precariedad. El problema es que los estudiantes se atrevan a denunciar. Su modelo de gestión es evidente: torniquetes, cámaras biométricas y guardias. Cero pedagogía. Cero comunidad. Cero propuestas reales para mejorar la educación pública.

Cuando hay rayados en su edificio, convoca a los medios. Pero cuando hay goteras en las aulas, guarda silencio… o manda carabineros. No gobierna, reacciona. No dialoga, amenaza.

Incluso apoderados del Instituto Nacional y del Liceo 1 han denunciado públicamente que sus hijos están siendo tratados como enemigos internos. Lo que ha instalado es un clima de miedo, estigmatización y violencia simbólica, disfrazado de orden.

Y no es el primero. En 2006 y 2011, Cristián Labbé ya lo hizo en Providencia: cerró liceos, canceló matrículas y militarizó las comunidades escolares. Desbordes, con otra chaqueta, aplica la misma receta vieja de la derecha: mano dura y cero autocrítica.

Lo decimos sin rodeos: los estudiantes no son sicarios. Son jóvenes organizados que exigen condiciones mínimas para estudiar con dignidad. No están destruyendo la educación pública. La destruyen quienes la abandonan, quienes la reprimen y quienes se niegan a escuchar.