A un año de su implementación: Claves para entender los avances de la Ley Integral sobre Violencia de Género

A un año de su promulgación, la Ley Integral para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, impulsada por el Presidente Gabriel Boric, está siendo visibilizada a través de una nueva campaña nacional liderada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Esta campaña busca informar a la ciudadanía, especialmente a las mujeres, sobre los alcances de la ley y generar conciencia sobre la importancia de exigir su cumplimiento.

La Ley Integral representa un cambio estructural en la forma en que el Estado de Chile aborda la violencia de género. A través de esta nueva legislación, se busca establecer una respuesta más coordinada y eficaz ante las diversas formas de violencia contra las mujeres. La campaña, a diferencia de iniciativas previas, no solo sensibiliza sobre el problema, sino que también invita a la ciudadanía a conocer la ley y exigir su aplicación.

¿Cómo funciona la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres?

La Ley Integral establece una serie de obligaciones para todas las instituciones del Estado, lo que marca un cambio profundo en las políticas de prevención y sanción de la violencia de género. Esta normativa define nueve formas de violencia, entre las cuales se incluyen la violencia física, psicológica, sexual, económica, simbólica, institucional, política, violencia en el trabajo y gineco-obstétrica.

Además, la ley promueve la educación no sexista en los establecimientos educativos, reconociendo como violencia de género también la ejercida contra niñas, niños y adolescentes con el fin de dañar a sus madres o cuidadoras. Asimismo, incluye las relaciones de pololeo dentro de la violencia intrafamiliar y establece la necesidad de una coordinación más eficiente entre instituciones para mejorar las políticas de prevención.

Uno de los cambios fundamentales que introduce la Ley Integral es el fortalecimiento de las medidas cautelares, como las órdenes de alejamiento. La nueva ley exige la supervisión judicial de estas medidas para asegurar que se cumplan de manera efectiva, garantizando una mayor protección para las víctimas. Además, se incorpora la violencia digital, sancionando a quienes exhiban, difundan o publiquen contenido íntimo sin el consentimiento de la persona afectada.

Sistema Integrado de Información de Casos de Violencia de Género

La ley también establece la creación de un Sistema Integrado de Información de Casos de Violencia de Género. Este sistema permitirá que las víctimas no tengan que repetir su historia a diversas instituciones, simplificando el proceso de denuncia y atención. Asimismo, se reconoce la violencia gineco-obstétrica como un agravante, lo que proporciona una mayor protección a las mujeres que sufren violencia en el ámbito de la salud reproductiva.

Otro aspecto importante de la Ley Integral es la provisión de servicios y acompañamiento para la reparación física, psicológica y social de las mujeres que han sido víctimas de violencia. Esto incluye atención integral que abarca la salud mental, la recuperación física y el apoyo social necesario para superar el trauma.

La implementación de la Ley Integral será supervisada por una Comisión presidida por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Esta Comisión está integrada por 12 organismos públicos, incluyendo el Poder Judicial, varios ministerios, y servicios de seguridad como la Policía. Su rol será clave para garantizar la implementación efectiva de la ley a nivel nacional y regional.

La importancia de la participación y coordinación interinstitucional

El reglamento de la Comisión fue desarrollado de manera participativa, lo que permitió recoger las propuestas de todos los organismos involucrados en su implementación. Esto facilitará una coordinación más efectiva entre las distintas áreas, tanto a nivel nacional como regional, para abordar la violencia de género y brindar atención a las víctimas.

La Comisión tendrá sesiones bimensuales y podrá organizar encuentros regionales, provinciales o comunales, según sea necesario. Uno de sus principales objetivos será la elaboración y monitoreo del Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género. Este plan, desarrollado por el Ministerio de la Mujer, establecerá las acciones concretas que deben llevar a cabo las instituciones estatales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.

La primera sesión de la Comisión está programada para enero de 2026, momento en el que comenzará oficialmente el monitoreo del avance de la implementación de la Ley Integral y sus efectos en la sociedad chilena. Además, la Comisión se comprometerá a escuchar a expertas, académicas y representantes de la sociedad civil en reuniones periódicas, con el fin de seguir analizando la situación de la equidad de género en todo el país.