Cámara aprueba AC contra Pardow y vuelve a abrir debate sobre uso político del instrumento

Con 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó este miércoles la acusación constitucional contra el ex ministro de Energía, Diego Pardow, a raíz del error de cálculo que provocó un alza en las cuentas de luz. Tras una jornada marcada por la polémica —y después de que este martes la comisión revisora respaldara el libelo con tres votos a favor y solo uno en contra—, el texto llegó finalmente a la Sala. Sin embargo, el proceso aún no concluye: ahora será el Senado el que deberá pronunciarse.

En su comparecencia ante el Congreso, Pardow volvió a afirmar que la acusación “se basa en antecedentes falsos”. Denunció que los capítulos presentados por los diputados que lo acusan reflejan un “entendimiento errado” sobre el sistema tarifario eléctrico y su rol, y negó categóricamente los cargos de conflicto de interés.

Uso político

La ofensiva contra Pardow marca la novena acusación constitucional que se realiza durante este gobierno, de las que es la primera aprobada hasta ahora. La última de ellas fue contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, a quien se le acusaba de negligencia en la coordinación de seguridad de un partido de Colo Colo donde murieron 2 hinchas.

En ese contexto, y respaldando al ex secretario de Estado, su sucesor en la cartera, Álvaro García, señaló a La Tercera que “el ministro Pardow ya pagó su responsabilidad política, que es un objetivo fundamental de la acusación constitucional, saliendo del gabinete, por lo que no vemos razones para insistir en esa línea, cuando el costo de haber cometido un error ya ha sido cobrado”.

No obstante, esta mañana el diputado Jaime Mulet (FRVS), quien votó a favor de la acusación, planteó en CNN Chile Radio que “hay que entender que en el país no debe ser gratis cometer este tipo de errores y que las personas que están en los cargos públicos, sobre todo en situaciones de regulación que tienen que defender el interés público y cumplir la ley, tienen que tener alguna sanción”.

Respecto a la fundamentación de esta AC, el ex ministro de Minas y Energía, Sergio Bitar, apuntó a Turno PM que “estamos en campaña electoral y eso distorsiona el juicio de los diputados y de quienes son candidatos. Creen que acusar da una señal de cuidado hacia los electores”.

En esa línea, argumentó que “la decisión de remover a un ministro es una decisión política. En términos de la legislación, las responsabilidades legales recaen esencialmente en la Comisión Nacional de Energía, que es la que calcula las tarifas”. Bitar añadió que “un ministro no puede ser responsable jurídica y legalmente de cada decisión que se toma en su cartera, especialmente cuando esas decisiones corresponden a la gestión del ministerio y están delegadas en órganos autónomos y descentralizados”.

Consultado por el carácter político que ha tomado la acusación, el abogado y experto invitado a la comisión revisora, Domingo Lovera, sostuvo en Turno PM que lo ocurrido revela un desequilibrio evidente en el proceso. A su juicio, se trata de una ofensiva que “se lanza con mucho ruido mediático” y que se alimenta del malestar ciudadano por las tarifas eléctricas, pero en la cual “la única parte que ha tenido que remar es la parte acusada”. Para Lovera, la asimetría entre el despliegue político y la falta de sustento técnico o documental de la acusación habla de un uso distorsionado del mecanismo.

El académico también advirtió sobre el momento en que se presenta el libelo. Aseguró que “es lamentable que esta acusación se presente justo al final del periodo presidencial del presidente Boric e inaugurando el próximo”, porque abre la puerta a que la herramienta quede instalada como un recurso disponible para el abuso.

¿Tiene fundamento la AC?

La diputada Ericka Ñanco (FA), quien fue la única que votó en contra en la Comisión Revisora, sostuvo durante la sesión que “aprobar esta acusación sin fundamento jurídico sólido transforma este instrumento en una herramienta de persecución política”. 

La Constitución establece que una acusación constitucional sólo procede cuando se acreditan infracciones graves en el ejercicio del cargo, ya sea por actos u omisiones expresamente señalados en la propia Carta Fundamental. 

Según explica Domingo Lovera, “uno podía observar hasta ahora un intento de diputados y diputadas de analizar las circunstancias concretas de la acusación y de construir un estándar jurídico-político, que permitiera encuadrar el comportamiento del ministro o la ministra acusada dentro de una eventual infracción de la Constitución. Y en este caso, en cambio, hemos visto algo distinto”.

Ahondando en su argumento, el abogado enfatizó que “como se ha explicado en la acusación, el error de cálculo en el caso de la Comisión Nacional de Energía sólo explica un porcentaje muy menor del alza de las cuentas de la luz. Porcentaje que, además, ya tiene un plan de reparación para hacerse cargo justamente de ese componente”

Por lo mismo, Lovera reprocha a los diputados: “Que la acusación se utilice para reprochar el alza en las cuentas de la luz es, sencillamente, la peor forma de utilizar una herramienta que exige de los y las integrantes del Congreso un esfuerzo argumentativo por tratar de reconstruir una regla de comportamiento razonable que se exija de aquí en adelante a los ministros y ministras”.

“Es invitar al próximo Congreso a pasar cuentas por razones tan triviales, aunque sean relevantes para la gente”, concluyó.

Riesgo institucional 

De las más de 30 acusaciones constitucionales desde el retorno a la democracia, solo 3 han tenido éxito: Yasna Provoste, Harald Beyer y Andrés Chadwick. Al respecto, Sergio Bitar reflexionó: “Es parte de un deterioro de la calidad parlamentaria que Chile tiene, y es también parte de un deterioro de la responsabilidad política de afirmar las instituciones y no jugar con ellas. También lo vivimos intensamente durante el gobierno anterior: acusaciones permanentes, incluso al presidente de la República”.

En esa misma línea, el ex senador advirtió que “si hay una mayoría en el Parlamento y esa mayoría quiere tumbar ministros mediante acusaciones constitucionales que no tienen ninguna base jurídica, la conducción de un país se torna caótica”.

Por su parte, Domingo Lovera fue más allá y dijo que, si este mecanismo se utiliza para castigar desacuerdos políticos, “es una forma de bastardear la acusación constitucional”. El jurista insistió en que “en un régimen presidencial como el que tenemos en Chile, como el que las mismas derechas defendieron con uñas y dientes en los procesos constituyentes, la evaluación del mérito político del comportamiento de ministros y ministras está puesta en manos de la presidencia de la República, no en manos del Congreso Nacional”.

En particular, Lovera alerta que “aprobar una acusación como la que se está hoy día conociendo hace que todas las comisiones técnicas que existen y que dependen de distintos ministerios tengan que eventualmente ver revisadas sus decisiones en base a criterios puramente políticos”.

“¿Pasará lo mismo con la Comisión de Energía Nuclear? ¿Pasará lo mismo con la Comisión para el Mercado Financiero? ¿Pasará lo mismo, en adelante, con la misma Comisión Nacional de Energía, que van a ver sus informes técnicos, sus apreciaciones técnicas, sus evaluaciones técnicas supeditadas al criterio político de turno del ministro o ministra de la cartera en cuestión? Yo creo que ese es un riesgo que no ha sido advertido con la seriedad necesaria por parte de los y las integrantes del Congreso”, concluyó.