Podría perderlo todo: Horas de tensión en Brasil por juicio que podría dejar a Bolsonaro con más de 40 años de cárcel

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta un histórico juicio ante el Supremo Tribunal Federal por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado. La acusación también incluye su participación en la anulación de las elecciones de 2022, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.

Este proceso judicial ha entrado en su fase final y podría resultar en un hecho sin precedentes para Brasil. Si Jair Bolsonaro es declarado culpable, sería la primera vez que un ex mandatario de la nación es sentenciado y enviado a prisión por un intento de golpe de Estado.

El polémico juicio

Dos de los magistrados, Alexandre de Moraes y Flávio Dino, ya han emitido su voto a favor de una condena para el ex mandatario. Este avance en el proceso judicial pone a Jair Bolsonaro cada vez más cerca de recibir una histórica sentencia penal, a la espera de la decisión del resto de los jueces que integran la sala encargada del caso en el Supremo Tribunal Federal.

El juicio, que se desarrolla entre el 2 y el 12 de septiembre, está a cargo de una sala integrada por cinco jueces. La figura clave es el juez Alexandre de Moraes, quien actúa como relator del caso y fue un blanco directo del supuesto complot. Moraes inauguró las sesiones con una detallada presentación de los cargos y fue el primero en emitir su voto, declarando culpable al ex presidente.

En su fallo, el juez Moraes sostuvo que Jair Bolsonaro intentó activamente instalar una “dictadura” tras su derrota electoral. Afirmó que el exmandatario lideró una supuesta “organización criminal” que promovió bloqueos de carreteras y protestas para impedir la investidura de Lula. Además, consideró probado que existieron planes para asesinar a Lula, al vicepresidente y al propio Moraes.

Con los votos de Moraes y Flávio Dino, solo se necesita un tercer voto en la misma línea para alcanzar la mayoría necesaria y declarar la culpabilidad de Jair Bolsonaro. Los jueces restantes, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin, quienes fueron nombrados por gobiernos del Partido de los Trabajadores, tienen hasta el 12 de septiembre para emitir sus respectivas decisiones finales.

Intento de golpe de Estado

Actualmente, Jair Bolsonaro cumple arresto domiciliario por haber desafiado las restricciones impuestas por el tribunal y niega cualquier delito. El ex mandatario está siendo juzgado junto a siete de sus altos asesores y ex ministros, quienes, según la fiscalía, funcionaron como el “centro neurálgico” de una organización criminal decidida a desmantelar el régimen democrático.

La investigación de la Policía Federal, citada por Moraes, indica que los planes para desconocer las elecciones comenzaron a gestarse en 2021. Se acusa a Jair Bolsonaro de lanzar una campaña sistemática para desacreditar el sistema electoral, apoyado por el llamado “gabinete del odio”, un grupo que difundía desinformación desde el interior del Palacio de Planalto.

Tras su derrota, el complot habría escalado con reuniones clandestinas, borradores de decretos para intervenir el Poder Judicial y una campaña para movilizar a sus seguidores. Esta movilización culminó en el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023, según la evidencia documental presentada por Moraes durante la apertura del juicio.

Todos los acusados en este juicio enfrentan cinco cargos, que incluyen tentativa de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho y organización criminal. La Fiscalía General estima que el ex presidente podría enfrentar una condena de hasta 40 años de reclusión, aunque las penas específicas se discutirán solo si se alcanza un veredicto de culpabilidad.

Si bien la defensa de Jair Bolsonaro podría apelar una eventual condena ante el pleno del Supremo Tribunal Federal, es poco probable que vaya a una cárcel común. Como ex capitán del Ejército, tiene derecho a un régimen de encarcelamiento especial en una unidad militar o en la sede de la Policía Federal, según lo establece el Código de Proceso Penal de Brasil para figuras con prerrogativas de seguridad.

La Casa Blanca interviene

Según reportó hoy Infobae, el gobierno de Brasil ha condenado el empleo de sanciones o amenazas contra su democracia, después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, citara el juicio contra Jair Bolsonaro en una rueda de prensa. En la instancia, aseguró que "el presidente (Donald) Trump no teme usar el poder económico y militar de Estados Unidos para proteger la libertad de expresión en todo el mundo".

La portavoz Leavitt señaló: "No tengo ninguna medida adicional (contra Brasil) que presentarles hoy. Pero puedo asegurarles que esta es una prioridad para el Gobierno (de Estados Unidos)". 

Mientras tanto, Donald Trump ha calificado el juicio contra Jair Bolsonaro como una “cacería de brujas”. En respuesta, ha impuesto un arancel del 50% a productos brasileños, junto con restricciones de visados y sanciones financieras dirigidas a funcionarios involucrados en el proceso judicial, como el juez Alexandre de Moraes.

La respuesta oficial del gobierno brasileño se materializó a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores. En dicho documento, la diplomacia del país sudamericano ha dejado clara su postura al afirmar que "condena el uso de sanciones económicas o amenazas de fuerza contra nuestra democracia", en una directa alusión a las declaraciones de Washington.

La cartera diplomática brasileña ha rechazado asimismo "el intento de fuerzas antidemocráticas de utilizar gobiernos extranjeros para coaccionar a las instituciones nacionales". Esta declaración alude a Jair Bolsonaro y a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, quienes están acusados de un delito de obstrucción a la justicia desde Estados Unidos.

Adicionalmente, el comunicado ha asegurado que "los tres poderes del Estado no se dejarán intimidar ante ningún ataque a nuestra soberanía". Señala que su deber es "defender la democracia y respetar la voluntad popular expresada en las urnas", lo que Brasilia ha considerado en su nota como "el primer paso para proteger la libertad de expresión".