No hay acuerdo en la derecha: Por qué no se aprueba el secreto bancario

Un áspero debate se volvió a vivir en la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados en medio de la discusión sobre el secreto bancario. La tensión se disparó cuando, por 6 votos contra 5, se rechazó una indicación clave del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, la cual buscaba permitir al fiscal de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) acceder a información bancaria sin necesidad de autorización judicial.

La medida, impulsada por el gobierno y presentada a fines de mayo de 2023, tiene como objetivo agilizar la persecución del crimen organizado, permitiendo a la CMF acceder a datos bancarios esenciales en investigaciones o procedimientos sancionatorios.

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, defendió la propuesta señalando que buscaba "corregir una asimetría originada tras el traspaso de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a la CMF", ya que, según explicó, “todo el personal de la CMF hoy día cuenta con acceso a información de secreto bancario sin sede judicial, excepto el fiscal de la CMF”. 

Las claves del proyecto

Para la oposición, una de las piedras en el zapato de la normativa sería que vulneraría derechos fundamentales como la privacidad bancaria. Además, argumentaron que sería susceptible de abusos y que el crimen organizado opera en gran parte fuera del sistema bancario formal, lo que reduciría la eficacia de la medida propuesta.

Siguiendo esa misma línea, la diputada Gloria Naveillán (PNL) remarcó a Turno PM que su principal temor respecto a que la Unidad de Análisis Financiero acceda a información bancaria es que se haga sin autorización judicial, ya que “ de alguna manera esa autorización le da garantía al usuario —el dueño de una cuenta corriente, un depósito a plazo, lo que sea— de que hay cierta imparcialidad”. 

Además, la parlamentaria criticó que el proyecto intente “poner a la CMF a cargo de esta diligencia” sin mayores explicaciones, de modo que “simplemente el fiscal del organismo, con consulta a dos o tres directivos, podía tomar esta decisión”. A su juicio, esta modalidad genera dudas sobre “hasta dónde existe la posibilidad de un resguardo de la información”. 

Aunque la diputada Naveillán expresó preocupación por el acceso de la Unidad de Análisis Financiero a la información bancaria sin autorización judicial, en la normativa vigente el secreto bancario solo puede levantarse con autorización de un juez o en casos excepcionales muy específicos, como investigaciones penales a cargo de la Fiscalía o requerimientos de la UAF bajo estrictas condiciones legales. Por otro lado, el proyecto en discusión busca ampliar estas facultades para agilizar la lucha contra el narcotráfico, permitiendo que el fiscal de la CMF acceda directamente a los datos. 

Al respecto, el diputado Raúl Leiva (PS) cuestionó los argumentos de la oposición para oponerse al levantamiento del secreto bancario. “Llama la atención que la derecha, que dice poder perseguir el crimen organizado y el lavado de activos, sea incapaz de aprobar una norma habitual en la legislación comparada. Esta norma permite seguir la huella del dinero y dar trazabilidad a lavados provenientes del crimen organizado, delitos de corrupción y narcotráfico”, sostuvo a Turno PM. 

Según Leiva, la acción del presidente de la comisión de Seguridad “solo frena una herramienta central para desbaratar la economía ilegal y el tráfico vinculado al crimen organizado”. En ese sentido, instó a que se apruebe la medida y, de no ser así, confió en que el Ejecutivo la lleve a la Sala para que quede claro “quiénes están a favor y quiénes en contra”.

¿Qué busca la derecha?

El problema de la discusión sobre el secreto bancario pareciera radicar principalmente en la forma, ya que en la derecha se han mostrado a favor de la iniciativa. “Estamos todos a favor del secreto bancario. La diferencia es que hay algunos que quieren que lo haga el director del SII directamente y otros, nosotros, pedimos que ese jefe tenga que decirle a algún juez por qué lo quiere levantar, de quién, qué es lo que sospecha, al menos”, dijo la semana pasada la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en un conversatorio organizado por la Universidad del Desarrollo.

La ex alcaldesa de Providencia aseguró que la UAF no tiene las herramientas suficientes para combatir el narcotráfico, argumentando que “no tiene gente, no tiene músculo, no tiene facultades, y por eso lo que nosotros tenemos que armar es un equipo de inteligencia y de inteligencia financiera”.

Tras las declaraciones de Matthei, el candidato presidencial Johannes Kaiser (PNL) se cuadró con la “flexibilización” de su rival, añadiendo que “lo que no va a pasar es que con nuestro apoyo y sin intervención del juez se pueda entrar a cualquier parte, ya sea a su casa o sus cuentas bancarias”. 

Sobre la discusión que se ha dado en el Congreso, la diputada Naveillán explicó que “yo puedo comprender la necesidad de perseguir el crimen organizado. En eso convenimos todos. Pero para eso existe hoy día la posibilidad de levantar el secreto bancario con una orden judicial, que, con todos los pelos que tenga el Poder Judicial, da una cierta garantía de imparcialidad”.

Respecto a porqué no se ha llegado a un acuerdo sobre esta iniciativa en particular, la parlamentaria recordó los comentarios del ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII) Javier Etcheberry, quien señaló que durante su gestión “había funcionarios que se metían a información que no les correspondía”.

Frente a esos reparos, la diputada Lorena Fries puntualizó que la derecha “se aferra a un derecho fundamental, la privacidad, y en eso tienen razón; pero puede limitarse. No se trata de una investigación penal, sino de una preinvestigación para evitar que los fondos desaparezcan de un día para otro. Esa etapa previa puede hacerse con cierto anonimato, permitir que los antecedentes lleguen a una investigación formal ante tribunales y, allí, solicitar la autorización”.

De una manera más tajante, Raúl Leiva sostuvo que “no se entienden los argumentos de la derecha. Alegan filtraciones sobre eventuales investigaciones a actores políticos, pero eso es distante de lo que consigna el proyecto”.

El diputado además clarificó que “aquí no es que cualquier cuenta se abra ni que un funcionario de la UAF pueda investigar a alguien por persecución política. El proyecto de inteligencia financiera establece tres causales muy acotadas, previa autorización del Consejo de la UAF: cuando existe un Reporte de Operación Sospechosa de un banco como sujeto obligado; cuando hay un reporte de un sujeto obligado respecto de una persona natural o jurídica; y cuando se genera un reporte de persona sospechosa vinculado a un funcionario público”.

Los siguientes pasos 

El revés en la Comisión de Seguridad tensiona el panorama para el gobierno de cara a las próximas sesiones, donde se discutirá si la Unidad de Análisis Financiero (UAF) puede levantar el secreto bancario de forma administrativa.

El diputado Leiva advirtió que este desenlace “representa un mal augurio” de cara a la tramitación en Hacienda y la posterior votación en la Sala. Según explicó, de mantenerse el rechazo en las próximas etapas, el gobierno buscará reponer la indicación y forzar un debate más amplio que obligue a transparentar las posturas frente a la opinión pública.

Respecto a la posibilidad de acuerdos, valoró las señales de apertura de Evelyn Matthei, aunque recalcó que “mirar distinto es cerrar los ojos”. Añadió que “las falencias o daños colaterales que alegan son mínimos y están resguardados, frente a un crimen que avanza, corrompe y se institucionaliza cada vez más en Chile”.

Cabe destacar que la discusión del levantamiento al secreto bancario no solo se está dando en la Comisión de Seguridad, sino también en la comisión de Economía, donde avanzó una iniciativa que autoriza desde el día uno el control de cuentas de autoridades por parte de la UAF y el SII ante eventuales anomalías. 

El senador Esteban Velásquez (FRVS), quien impulsó esta iniciativa, sugirió que esta propuesta podría cobrar mayor relevancia ante los rechazos en comisión de Seguridad Ciudadana: “No estaba pensado así en 2022, cuando iniciamos esta discusión. Entonces no estaban los casos que hoy son públicos y muestran cómo el ámbito político y también las Fuerzas Armadas pueden verse permeados. Mientras una iniciativa del gobierno ha sido torpedeada, esta que presentamos avanza y nos involucra a parlamentarios, autoridades de gobierno y altos mandos”, señaló en Turno PM.

De todas maneras, recordó que “esto no afecta a los ciudadanos que no ostentan cargos públicos. Ha habido desinformación, algunos han dicho que el secreto bancario afectaría a todos. No es así. Se aplica a autoridades civiles y uniformadas, además de sus gobiernos”.